Más de 50.000 prácticas médicas que nunca existieron, miles de afiliados usados como pantalla y una maniobra que habría vaciado al sistema de salud de los jubilados por más de 700 millones de pesos. Eso es lo que investiga la Justicia tras imputar a un médico y un enfermero por una presunta estafa al PAMI.
Según la investigación, los acusados habrían declarado prestaciones que jamás se realizaron, cargándolas a nombre de afiliados reales para cobrar los reintegros correspondientes. Una maniobra que, de confirmarse, no solo implica un fraude al organismo sino un uso indebido de los datos de miles de personas mayores que ni siquiera sabían que su nombre figuraba en esas planillas.
La causa no se limita a la estafa: los imputados también enfrentan cargos por lavado de activos, lo que sugiere que el dinero obtenido habría sido blanqueado a través de algún mecanismo para disimular su origen ilícito. Ese dato convierte a la maniobra en algo más que una irregularidad administrativa: estamos ante una operación delictiva con capas.
El PAMI es uno de los organismos más sensibles del Estado argentino. Atiende a millones de jubilados y pensionados, y cualquier desvío de recursos golpea directamente sobre quienes menos pueden absorber ese golpe. Que el sistema haya sido usado presuntamente por quienes debían cuidar la salud de esos afiliados agrega una dimensión especialmente grave al caso.
La investigación continúa abierta y la Justicia deberá determinar si existieron más involucrados en el esquema, el alcance real de las prestaciones irregulares y el destino final del dinero. Los imputados aún no tienen condena: la causa está en etapa de instrucción.
