Una declaración del presidente uruguayo Yamandú Orsi encendió la polémica a ambos lados del río. Durante una actividad oficial, Orsi aseguró que “se retiró en Argentina la denuncia penal” contra HIF Global, la empresa que proyecta instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú, y lo calificó como una “buena noticia a nivel diplomático”. El problema: en Argentina, los actores involucrados salieron rápido a desmentirlo.
La fiscal federal Josefina Minatta negó haber retirado ninguna denuncia de su parte. Por su lado, el diputado nacional Guillermo Michel afirmó que continúa en curso una “acción preventiva judicial de daño civil” vinculada al proyecto. Las aclaraciones desde Buenos Aires dejaron en evidencia que la situación era bastante más compleja de lo que Orsi había descripto.
Fue el secretario de la Presidencia uruguaya, Alejandro Sánchez, quien reconoció que las declaraciones de Orsi generaron una “confusión”. Explicó que existían distintas actuaciones y reclamos relacionados con la planta, varios de ellos vinculados a la ubicación original del proyecto, que estaba prevista cerca del río Uruguay. Según Sánchez, HIF Global realizó cambios tanto en la ingeniería como en la localización: la planta ya no estaría sobre los márgenes del río, y se analiza instalarla en predios donde funcionaba la terminal de Ancap.
La actuación a la que efectivamente se refería Orsi, según explicaron desde su entorno, era una presentación realizada el 11 de febrero por la viceintendenta de Colón, María de los Ángeles Dalleves, ante el Comité de Apoyo al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en el marco de la Cepal. Esa presentación —que no era una denuncia penal sino una acción ante un organismo internacional— reclamaba mediación entre el Estado uruguayo, la empresa y la ciudadanía argentina, además de mayor transparencia en los estudios de impacto ambiental. El 25 de agosto quedó sin efecto a pedido de la propia reclamante.
Desde el gobierno de Orsi reconocieron además que desconocen cuántas otras acciones, judiciales o de otro tipo, siguen activas en Argentina con el objetivo de cuestionar o frenar el proyecto. La Cancillería uruguaya considera que la denuncia penal mencionada por la fiscal Minatta podría perder fuerza una vez que se formalice institucionalmente la relocalización del proyecto, dado que el argumento del impacto visual desde la costa de Colón quedaría debilitado.
La cuestión fue analizada en reuniones entre autoridades de ambos países en noviembre del año pasado y en abril de 2026, con la participación de los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno, además de funcionarios nacionales y locales de Uruguay y Argentina. El gobierno uruguayo destaca la sintonía con la administración de Javier Milei y busca evitar que el proyecto derive en un conflicto diplomático mayor entre los dos países.
