El convenio se cortó y los jubilados quedaron en el medio. La finalización del acuerdo entre PAMI y el Sanatorio Concordia encendió una alarma que el sistema sanitario provincial intenta apagar con una reorganización de urgencia, mientras en las calles de la ciudad la respuesta fue una movilización que no pasó desapercibida.
La estrategia oficial contempla redistribuir la carga asistencial entre los dos grandes hospitales públicos de Concordia. El Hospital Delicia Concepción Masvernat asume la respuesta para los casos de mayor complejidad, mientras que el Hospital Felipe Heras funciona como segundo punto de atención según la gravedad de cada situación. Se establecieron circuitos específicos para ordenar el flujo de pacientes y evitar que todo el peso caiga sobre un único efector.
La red provincial también entra en juego: hospitales de otras localidades de Entre Ríos están disponibles para dar soporte ante incrementos de demanda y facilitar derivaciones cuando sea necesario. La prioridad declarada es que ninguna persona quede sin atención ante una urgencia o emergencia.
El ministro de Salud provincial, Daniel Blanzaco, mantiene contacto permanente con las autoridades involucradas y lleva adelante gestiones ante PAMI central con el objetivo de acelerar una solución. Sin embargo, la definición de fondo sobre la continuidad y reorganización de las prestaciones para los afiliados del Instituto es una decisión que le corresponde al propio PAMI, no a la Provincia.
Mientras tanto, en las calles de Concordia el malestar se hizo visible. Organizaciones gremiales, sociales y políticas, junto a vecinos de distintos sectores, protagonizaron el martes una multitudinaria movilización en defensa de los afiliados. Los manifestantes reclamaron que se garantice el acceso a la atención médica de jubilados y pensionados, cuestionaron las dificultades para obtener turnos y prestaciones, y apuntaron con críticas al Gobierno nacional y al Gobierno provincial.
La situación deja expuesta una tensión que no es nueva: la dependencia de la atención de adultos mayores respecto de convenios con efectores privados, y la fragilidad que genera su interrupción. El sistema público absorbe el golpe, pero la capacidad de respuesta tiene límites. La solución de fondo sigue siendo una negociación que aún no tiene fecha de cierre.
