La tensión venía acumulándose hace días. Movilizaciones, reclamos frente a los ministerios de Defensa y Seguridad, y un silencio incómodo dentro de los cuarteles: ese fue el clima que rodeó el anuncio del Gobierno nacional este lunes, cuando oficializó los nuevos aumentos salariales para las Fuerzas Armadas y las fuerzas de Seguridad.
Para los militares, el incremento será del 12,22% acumulado entre septiembre y diciembre de 2026, distribuido en cuatro cuotas. Sumado al 17,62% ya otorgado entre enero y agosto, la administración de Javier Milei proyecta un aumento total del año cercano al 32%. El costo total de la medida equivale a US$ 33 millones. En términos concretos: el rango más alto —teniente general, almirante o brigadier general— recibirá algo más de $410.000 en total durante esos cuatro meses; el más bajo —voluntario de segunda o marinero de segunda— cobrará alrededor de $90.000 en el mismo período.
Para las fuerzas de seguridad —Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria— el esquema es distinto. No hay un porcentaje único: la mejora sobre el haber básico va del 10% al 30%, y se suman modificaciones en suplementos y compensaciones. Un comandante general recibirá casi $165.000 adicionales en tres cuotas; un gendarme II, en el escalafón más bajo, cobrará cerca de $229.000 en cuatro cuotas. El impacto final es mayor porque estas fuerzas acumulan distintos suplementos sobre el básico.
El contexto hace que los números sean difíciles de celebrar. Hasta este anuncio, un cabo del Ejército percibía un básico equivalente a 566 dólares, una cifra que llamaba la atención a nivel internacional. Según datos del INDEC de julio, una familia tipo necesitó el doble de ese ingreso para no caer en la pobreza. Desde el inicio de la gestión de Milei, los salarios militares acumularon una pérdida promedio del 28% frente a la inflación. El pluriempleo se volvió moneda corriente entre efectivos de ambas fuerzas.
El cuadro más duro lo puso sobre la mesa la propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien reconoció un incremento de más del 20% en la tasa de suicidios entre sus efectivos. Intentó matizarlo señalando que los suicidios también aumentaron en el conjunto de la población argentina, pero el dato ya estaba dicho.
El especialista en políticas de Defensa y Seguridad Marcelo Seghini advirtió que, aun con estos aumentos, los sueldos de las fuerzas de seguridad seguirán siendo entre un 25% y un 30% superiores a los de igual jerarquía en las Fuerzas Armadas, una brecha que genera fricciones internas. El ministro de Defensa, Carlos Presti, tiene por delante el desafío de sostener la moral de tropas que también ven cómo el Estado vende terrenos e inmuebles del sector bajo la promesa —recibida con escepticismo— de que el 70% de esos fondos volverá al presupuesto castrense.
