El dato es contundente y no admite eufemismos: Argentina es el país con mayor morosidad crediticia de América Latina, con un índice del 7,3% que lo deja muy por encima de Brasil (4,3%), Colombia (3,7%) y a años luz de Uruguay (1,7%) o República Dominicana (1,1%). No es un podio del que enorgullecerse.
Lo que hace el cuadro todavía más llamativo es la paradoja que lo acompaña: el país con más deudas incobrables de la región es, al mismo tiempo, el que menos crédito tiene en relación a su economía. El ratio crédito sobre PBI argentino apenas alcanza el 14,3%, cuando el promedio latinoamericano trepa al 47,3%. Dicho de otro modo, se presta casi tres veces menos que el resto y aun así se paga peor. La combinación no es un accidente: es el resultado acumulado de años de inestabilidad, inflación y desconfianza.
El reporte de Felaban también enciende una luz amarilla sobre la capacidad del sistema bancario para absorber pérdidas. La cobertura de los bancos argentinos se ubica en apenas el 84%, por debajo del umbral del 100% que se considera mínimo razonable. Mientras tanto, República Dominicana cubre el 316%, Uruguay el 226% y Ecuador el 210%. Argentina comparte ese sótano de cobertura insuficiente solo con Panamá en toda la región.
De los 14 billones de pesos en préstamos irregulares, casi dos tercios están en el sistema bancario tradicional. El tercio restante se reparte entre fintech, cooperativas y tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos, actores que ganaron terreno en los últimos años entre los sectores con menor acceso al crédito formal.
El origen del problema tiene una cronología clara: la reactivación del crédito al sector privado en los últimos dos años, impulsada por la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la menor competencia de los títulos del Banco Central, oxigenó la economía pero también multiplicó los impagos. Más crédito circulando en una economía que todavía cicatriza sus heridas tiene ese costo.
La grieta sobre qué hacer con los 7 millones de argentinos endeudados ya está abierta. El Gobierno nacional sostiene que se trata de un asunto entre privados y descarta intervenir. Analistas y sectores de la oposición, en cambio, reclaman que el Banco Central tome medidas de alivio para los deudores. La discusión recién empieza, y los números que la alimentan no dan margen para ignorarla.
