Dos horas de tensión, sin acuerdo y con cientos de familias mirando de reojo cada palabra. Eso fue la primera audiencia de conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y los sindicatos que representan a los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay.
El nudo del conflicto quedó expuesto rápido: la empresa quiere encuadrar las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita pagar apenas la mitad de la indemnización por despido sin justa causa cuando hay falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Los sindicatos dijeron que no, y lo dijeron fuerte. Argumentaron que la crisis no es del sector avícola en general, sino de las propias decisiones de la firma, y que los trabajadores no tienen por qué pagar ese costo.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) fue más lejos todavía: presentó un escrito formal para que se analice la responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de socios gerentes y accionistas mayoritarios. El planteo se apoya en la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial y el Pacto Federal del Trabajo. En criollo: si la empresa no puede responder, que respondan quienes la condujeron.
Otro reclamo que resonó en la sala fue el de los trabajadores que todavía figuran como vinculados a la empresa pero están sin tareas, con salarios adeudados y sin saber qué va a pasar con su puesto. Los gremios denunciaron esa situación como una forma de limbo laboral que no puede sostenerse.
Del lado de la empresa, la respuesta fue vaga: dijeron que están evaluando alternativas y hablando con acreedores y potenciales inversores. Pero no presentaron ningún plan concreto para reactivar la planta ni para normalizar los pagos pendientes. Para los sindicatos, esa falta de definiciones es parte del problema.
La autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio y fijó una nueva audiencia para el viernes 28 de agosto a las 12. Para ese encuentro, los gremios ya anticiparon que van a exigir respuestas precisas: qué pasa con los puestos de trabajo, cuándo se pagan los salarios adeudados y si hay o no condiciones reales para reabrir la planta.
La conciliación obligatoria abre una ventana de negociación, pero el tiempo juega en contra. Cada semana sin definiciones es una semana más de incertidumbre para los trabajadores y sus familias en Concepción del Uruguay, mientras la tensión entre la empresa, los sindicatos y también entre la Provincia y el municipio no para de crecer.
