Sin afiliados, sin actividad real y con papeles incompletos: ese fue el diagnóstico que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) encontró al auditar a 18 entidades de medicina prepaga, mutuales y cooperativas que figuraban en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). El resultado fue directo: baja del registro, sin vueltas.
La decisión forma parte de un proceso de fiscalización que el Gobierno nacional viene implementando sobre el sistema de salud privado desde que asumió Javier Milei. La SSS detectó que las 18 organizaciones alcanzadas no reunían las condiciones mínimas para operar bajo la regulación oficial: algunas no tenían ningún beneficiario activo, otras carecían de documentación obligatoria y varias directamente no registraban actividad efectiva de ningún tipo.
La exclusión del RNEMP implica que esas entidades dejan de estar habilitadas para funcionar como prestadoras bajo el marco regulatorio de la Superintendencia. En términos concretos, no pueden captar nuevos afiliados ni operar como empresas de medicina prepaga reconocidas por el Estado.
Según informó la SSS, las bajas no afectarían a usuarios porque las entidades no contaban con beneficiarios activos al momento de las auditorías. Es decir, no había personas cubiertas que pudieran quedar sin servicio por esta medida. La depuración apunta, en cambio, a limpiar un registro que acumulaba organizaciones que existían solo en el papel.
El objetivo declarado por el Gobierno es fortalecer la fiscalización del sistema, eliminar entidades fantasma y ordenar el universo de prestadores habilitados. Esta resolución se suma a otras medidas de reorganización del sector salud privado que la actual gestión viene ejecutando desde diciembre de 2023.
El proceso de auditoría continuará sobre el resto de las entidades inscriptas en el registro, con el fin de verificar que todas las organizaciones que figuran como prestadoras cumplan efectivamente con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
