La tierra volvió a ser moneda de cambio. Lo que empezó como una ley para ordenar el dominio nacional se convirtió en un expediente que atraviesa tres gobiernos y una disputa por la soberanía del suelo argentino.
En diciembre de 2011, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la Ley 26.737. El objetivo era limitar la compra de tierras por parte de extranjeros al 15 % a nivel nacional, provincial y departamental, y prohibir la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua relevantes o en zonas de seguridad de frontera.
Para que la norma tuviera dientes, se dispuso un registro estricto a cargo de la abogada Florencia Gómez. Acá se jugaba el control real: sin fiscalización, la ley de tierras quedaba reducida a un texto sin capacidad operativa.
El quiebre llegó en junio de 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 820/2016. La flexibilización permitió la compra de sociedades comerciales, modificando la noción de titular extranjero, elevando el tope de participación extranjera del 25 % al 51 %, habilitar la notificación de cambios societarios después de realizados y suprimir cruces de información que detectaban triangulaciones.
La denuncia señala que detrás de esa limpieza de controles operó Emiliana Gordo, abogada que se había desempeñado como estrecha colaboradora de Florencia Gómez en el Registro Nacional de Tierras Rurales. Según la presentación, al concluir la gestión del Frente para la Victoria, Gordo pasó al Estudio Jurídico Brons & Salas, donde participó en la redacción del borrador del decreto.
El agravante, en la denuncia, es que Brons & Salas son los abogados históricos del magnate británico Joe Lewis, dueño de la estancia Hidden Lake en Lago Escondido. La acusación describe una exfuncionaria que usó conocimientos técnicos del Estado para confeccionar una norma a la medida de intereses corporativos.
La maniobra por presuntas dádivas, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles fue expuesta formalmente el 15 de julio de 2022 por el diputado Rodolfo Tailhade. La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo.
A pesar de la gravedad de la acusación, que apunta a una presunta connivencia entre exfuncionarios y equipos legales de firmas extranjeras, el expediente no registra avances públicos significativos ni llamados a indagatoria. La denuncia lo describe como un laberinto de parálisis judicial, donde ciertos despachos de Comodoro Py actuarían como amortiguadores frente a causas que rozan al poder corporativo.
El panorama actual agrega un golpe más: el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei dispuso la derogación total de la Ley de Tierras. Con ese movimiento, la disputa dejó de ser solo un expediente judicial y se instaló en el corazón de la política nacional.
No consta, en este relato, una versión de los señalados. ¿Vos creés que la Justicia va a dar respuestas o que la tierra seguirá siendo moneda de cambio?
