Cuarenta años de trayectoria y más de 100 trabajadores en la balanza. Eso es lo que está en juego tras la presentación en concurso preventivo de IGT33 S.A., una empresa del rubro indumentaria que acumula deudas superiores a los $7.000 millones y que ahora busca una salida negociada con sus acreedores antes de que el agua le llegue al cuello.
La compañía, que durante cuatro décadas sostuvo marcas reconocidas en el mercado argentino, no escapó a la tormenta que viene castigando al sector textil con fuerza creciente. La combinación de caída del consumo, costos en alza y competencia de productos importados terminó por hacer mella en una estructura que, en su momento, fue referencia del sector.
Lo que llama la atención es la reconversión que la propia empresa plantea como parte de su salida: un esquema que combinaría producción nacional con importaciones. Un modelo híbrido que, para algunos, es una señal de adaptación pragmática al nuevo escenario económico; para otros, una señal de alarma sobre el futuro del empleo en planta.
El concurso preventivo es el mecanismo legal que permite a una empresa en dificultades financieras presentarse ante la Justicia para reorganizar sus deudas y evitar la quiebra. No es el final del camino, pero tampoco es una buena noticia: es la admisión formal de que los números no cierran y que sin un acuerdo con los acreedores, la continuidad está en riesgo.
El sector de la indumentaria viene atravesando una de sus crisis más profundas en años, con caídas en las ventas, cierres de locales y ajuste de plantillas en todo el país. El caso de IGT33 S.A. pone nombre y cifras concretas a una tendencia que ya no es un rumor de pasillo sino una realidad que golpea a trabajadores, proveedores y a la cadena productiva en su conjunto. El resultado del proceso concursal definirá si la empresa logra reestructurarse o si los más de 100 empleos que sostiene quedan expuestos a un desenlace más grave.
