No se conforman con promesas. La Sociedad Rural de Colón y un grupo de productores independientes pusieron sobre la mesa un reclamo concreto: quieren ver los números, los ingresos y los gastos vinculados a la red vial rural del municipio entre 2023 y 2026. Y si el municipio no abre las cuentas, están dispuestos a ir a la Justicia.
El reclamo no es menor. Los caminos rurales son la arteria por donde circula la producción, y cualquier irregularidad o falta de transparencia en su mantenimiento golpea directo al bolsillo del productor. Colón, en Entre Ríos, no escapa a una tensión que se repite en decenas de municipios del interior del país: fondos que entran por tasas viales y obras que, según los productores, no se ven.
Este martes está prevista una reunión clave entre los representantes del sector agropecuario y concejales del municipio. En ese encuentro, además, recibirán asesoramiento legal para definir los próximos pasos. La frase que resume el espíritu del sector es clara y sin vueltas: “Vamos a ir a fondo”.
La posibilidad de recurrir a la Justicia no es un farol. El pedido de acceso a la información pública es un derecho reconocido, y si el municipio no responde con transparencia, los productores tienen herramientas legales para forzar esa apertura. La pregunta que queda flotando es simple: ¿por qué un municipio dudaría en mostrar sus cuentas si no tiene nada que ocultar?
El caso de Colón se convierte así en un termómetro de la relación entre el sector rural y los gobiernos locales en Entre Ríos. La confianza se construye con datos, no con declaraciones. Y los productores, hartos de esperar, decidieron que el tiempo de las palabras ya pasó.
