Las deudas aprietan y muchos entrerrianos buscan la salida. A tres meses del lanzamiento del Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto al Banco de Entre Ríos, los números empiezan a mostrar la magnitud del problema financiero que arrastra buena parte de la clase trabajadora provincial.
Hasta el momento, 6.306 personas se inscribieron en el programa. De ese total, 2.921 ya recibieron una respuesta sobre su solicitud, lo que representa el 46% del universo de inscriptos, por un monto total de 14.515 millones de pesos. Otro 40% de las solicitudes sigue en trámite, en distintas etapas de evaluación.
El perfil de quienes acuden al programa no sorprende: el 79% son empleados de la Administración Pública Provincial o jubilados provinciales, el segmento con ingresos fijos y descuento directo en haberes, lo que facilita el acceso al crédito. El 21% restante corresponde a trabajadores del sector privado, lo que muestra que la iniciativa logró trascender su foco inicial.
Las condiciones que ofrece el programa son concretas: tasa fija del 60%, plazo de hasta 72 meses y un período de gracia de hasta dos meses. La idea es que los inscriptos puedan cancelar deudas con bancos, financieras, mutuales y cooperativas, unificándolas bajo una sola cuota con condiciones más manejables. En un contexto donde las tasas del mercado informal asfixian a las familias, la propuesta tiene sentido.
Sin embargo, no todos llegan a la meta. 776 casos, el 16% del total, no califican para ingresar al programa por la situación que registran como deudores ante el Banco Central. Son quienes, paradójicamente, más necesitan una salida pero cuyo historial crediticio les cierra la puerta. Los 2.609 inscriptos restantes se encuentran en distintas etapas: algunos esperan completar documentación, otros siguen en análisis.
El programa fue lanzado en mayo de 2025 con el objetivo declarado de ordenar las finanzas personales, reducir la carga mensual de las familias y liberar recursos que hoy se van en cuotas elevadas. El Banco Entre Ríos lo tiene abierto a empleados públicos, privados y jubilados, y la demanda registrada en apenas tres meses deja en claro que la necesidad de herramientas de refinanciación en la provincia es real y urgente.
