Hay una paradoja que el Gobierno de Entre Ríos prefiere no subrayar: las irregularidades que hoy usa como argumento para desmantelar el sistema descentralizado de comedores escolares fueron detectadas durante su propia gestión, no en la de sus antecesores. Eso no aparece en los reportes de radio ni en las declaraciones encendidas de sus funcionarios. Pero está en el expediente judicial.
El director de Comedores Escolares de la Provincia, Lautaro Azzalini, salió a los medios nacionales a describir un panorama de descontrol: fondos desviados, plata de la comida de los chicos que no llegaba a los chicos, compras de vino en rendiciones de comedores. Lo hizo en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, y lo hizo con la contundencia de quien tiene el relato bien aceitado. Azzalini llegó a la Dirección de Comedores con el inicio de la gestión de Rogelio Frigerio, luego de hacer carrera en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo las gestiones del PRO, donde terminó como director general de Comunicación Interjurisdiccional durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
El problema es que el escándalo que ahora sirve de coartada política no emergió de una auditoría que expuso los pecados de una gestión anterior. Emergió de una auditoría del propio Ministerio de Desarrollo Humano bajo Frigerio, y apuntó a funcionarios que el mismo gobierno había puesto en sus cargos. En Concordia, la investigación penal avanzó sobre la entonces coordinadora departamental Silvina Murúa, sobre los empresarios Iñaki y Martín Partarrié y sobre el colaborador Julián Quiroga. Murúa fue desplazada de su cargo en junio de 2025, cuando el caso ya era imposible de tapar.
Lo que denunciaron los directivos de escuelas concordienses en aquel momento tampoco coincide con la narrativa que hoy instala el oficialismo. Ellos señalaron el retiro de tarjetas SIDECREER, el desplazamiento de responsables de establecimientos y el direccionamiento de compras hacia proveedores específicos. Nada de eso suena a un sistema donde los comedores manejaban la plata a su antojo: suena, más bien, a un esquema de concentración de poder sobre los recursos, desde arriba hacia abajo.
El caso del vino, mencionado por Azzalini como ejemplo de despilfarro en un comedor de San José de Feliciano, funciona en el relato oficial como imagen-síntesis de un sistema corrupto. Puede ser un dato real. Pero una compra irregular en un comedor de una localidad del interior no alcanza para construir la justificación de una contratación de $101.000 millones con una única empresa, Teknofood S.A., por un período de un año y medio, que según las denuncias públicas duplicaría el costo actual del servicio y desplazaría a proveedores entrerrianos del circuito.
El gobierno dice haber realizado denuncias penales contra el sistema anterior hasta el hartazgo. Pero la cronología es tozuda: la causa más resonante del período surgió adentro de su propia administración, fue investigada por su propio aparato de control y terminó en imputaciones contra personas que su gestión había incorporado o tolerado. Usar ese expediente como argumento para centralizar la compra de desayunos y meriendas en una sola empresa, sin publicar información sustancial del proceso de adjudicación, es una operación política que merece ser leída con los ojos bien abiertos.
