Una orden judicial clara, un organismo que no la acata y cientos de miles de jubilados que quedan en el medio. Eso es, en síntesis, lo que está pasando con PAMI y la cobertura de medicamentos al 100%.
Organizaciones que representan a afiliados del organismo denunciaron que PAMI no cumplió con una resolución judicial que ordenaba restituir la cobertura total de medicamentos para los jubilados. La medida había sido conseguida tras una disputa legal que buscaba revertir los recortes aplicados sobre uno de los beneficios más sensibles para los adultos mayores: el acceso gratuito a sus remedios.
Pero el incumplimiento no es el único frente abierto. Prestadores del sistema alertaron que la atención de aproximadamente 300.000 jubilados está en riesgo en cuatro provincias del país. El conflicto entre el organismo y quienes brindan servicios médicos y de salud a sus afiliados amenaza con dejar sin cobertura efectiva a una franja enorme de la población mayor.
El cuadro es preocupante: por un lado, una justicia que ordena y un organismo que no obedece; por el otro, una red de prestadores que advierte que no puede seguir sosteniendo la atención sin una solución concreta. Los jubilados, como siempre, en el lugar más incómodo: esperando que alguien resuelva lo que ellos no pueden resolver solos.
La situación pone bajo la lupa la gestión de PAMI en un momento en que el ajuste sobre el gasto social es moneda corriente a nivel nacional. Para quienes dependen del organismo para acceder a sus tratamientos, cada día sin resolución es un día con una farmacia que no entrega, un médico que no atiende o un turno que no aparece. La presión sobre las autoridades del organismo crece, y la respuesta judicial sigue sin materializarse en los hechos.
