Prometió jerarquizar al empleado público. Subió a un camión recolector para ver de cerca los problemas del servicio. Fue noticia en La Nación. Pero dos años y medio después, el Corralón municipal de Concordia parece más un cementerio de maquinaria que un depósito operativo.
El Secretario de Organización de ATE, Cristian Selva, reconoció esta semana que el intendente Francisco Azcué llegó al poder con gestos concretos hacia los trabajadores del Estado. En diciembre de 2023, los propios empleados colgaron un cartel de «Feliz Año Nuevo» en el Corralón en agradecimiento. Meses después, la gestión despidió contratados, tercerizó la recolección de residuos y cerró servicios como Radio Ciudadana.
El cuadro que describen quienes conocen el Corralón por dentro es duro. Constanza Montoreano, subsecretaria de Medio Ambiente al inicio de la gestión, había advertido en febrero de 2024 que encontraron un parque automotor numeroso pero en estado crítico: camiones sin baterías, sin cubiertas, con motores desarmados y piezas canibalizadas de unas unidades para sostener otras. «Era bárbaro el kiosco. Muchos kioscos encontramos, muchísimos», señaló en su momento la funcionaria.
Pero la herencia no explica todo lo que vino después. El ex secretario de Servicios Públicos, Jorge Mendieta, asegura que en diciembre de 2023 había 20 camiones en servicio de recolección. Hoy, según su propio relevamiento, quedan ocho funcionando. «Es imposible que puedas hacer un servicio de recolección en Concordia con ocho camiones funcionando», remarcó. Mendieta apunta directo a la falta de mantenimiento preventivo como causa central: algunos vehículos están chocados, otros sin cubiertas, y el taller municipal acumula equipos tirados y desarmados. «Si te permiten entrar al Corralón, te vas a encontrar con camiones tirados y desarmados por todos lados», describió.
La tercerización parcial del servicio de recolección, que hasta hace pocos años era impensable para una ciudad del tamaño de Concordia, aparece entonces no como una decisión de gestión sino como la consecuencia lógica de un parque automotor que se fue apagando de a poco, sin que nadie encendiera una alarma a tiempo.
Lo más llamativo es el silencio oficial ante los pedidos formales de información. A fines de 2024, el bloque de concejales del PJ presentó un extenso pedido de informes con 11 puntos que incluía sueldos, deudas, licitaciones, tercerizaciones y el estado del patrimonio municipal. El punto 9° reclamaba una copia autenticada del inventario municipal del ejercicio 2024 para controlar el estado real de los bienes. El pedido nunca fue contestado. Mientras tanto, los camiones siguen sin ruedas y la ciudad sigue esperando respuestas.
