La Plaza 25 de Mayo de Concordia fue el escenario elegido por los jubilados para encontrarse con la legisladora Marclay, y el frío de la jornada no fue excusa para nadie. El gazebo de siempre, el lugar de siempre: los integrantes de la Mesa de Jubilados no iban a cambiar su espacio por una reunión en alguna oficina cómoda. Eso ya dice algo.
Según contó Ramón Cabrera, referente de la Mesa, antes del encuentro había cierto escepticismo sobre si la legisladora realmente iba a aparecer. Apareció. Y eso, en un contexto donde la ausencia parece ser la norma entre los representantes políticos, no es un dato menor. Cabrera fue claro: en los primeros días de julio entregaron notas a todos los bloques de la Legislatura provincial y del Concejo Deliberante de Concordia, con recibido firmado en cada oficina. Hasta ahora, ningún concejal ni legislador local se acercó a la plaza.
El reclamo central gira en torno al deterioro de la atención que brinda PAMI. No es solo una queja abstracta: Cabrera describió que el problema alcanza también a personas con discapacidad que eran atendidas a través de la obra social y que hoy no reciben medicamentos, prestaciones ni reintegros. “No están recibiendo no solo medicamentos sino atención de prestaciones, de reintegros, del mejoramiento de la calidad de vida”, señaló.
La deuda que acumula PAMI en la provincia de Entre Ríos asciende a $ 1.704.123.743, distribuida entre 57 efectores. Pero desde el Sanatorio Concordia advirtieron que esa cifra no incluye a los prestadores de la costa del río Uruguay, lo que agranda aún más el agujero real. A nivel nacional, Cabrera mencionó que se habla de $ 50.000 millones de deuda con prestadores públicos y privados para “empezar a hablar”.
Lo que también llama la atención, según la Mesa, es una paradoja difícil de explicar: en algunos lugares donde PAMI tiene hospitales propios, los están cerrando; en otros donde hay prestadores privados, el servicio tampoco funciona. “No se entiende de ninguna manera”, remarcó Cabrera. El deterioro se repite sin importar si la institución es pública o privada.
En ese marco, el Sanatorio Concordia tiene pendiente un viaje a Capital Federal para intentar renegociar aranceles que considera desactualizados. Si no hay acuerdo, la institución evalúa rescindir el convenio con la obra social el 1° de septiembre. Una fecha que los jubilados tienen muy presente.
Marclay se comprometió a elevar un pedido de informes junto a sus pares Guillermo Michel y Gustavo Bordet para que el Gobierno Nacional explique cómo está administrando PAMI. También prometió gestionar una audiencia con el director nacional de la obra social, Esteban Leguizamo, y con el ministro de Salud, Mario Lugones. “La jubilación no es un regalo del Estado: es un derecho construido durante décadas de trabajo y aportes”, subrayó la legisladora durante el encuentro.
La Mesa valoró la presencia de Marclay y la contrastó con la ausencia de la diputada concordiense Mariel Ávila, quien presentó un pedido de informes en la Legislatura pero no se acercó a escuchar a los propios jubilados, y de los concejales de todos los bloques políticos de Concordia. El panorama, como lo definió Cabrera, es “muy incierto”. Y la cuenta regresiva hacia septiembre ya empezó.
