El ajuste no terminó. El Gobierno nacional prepara una nueva oleada de recortes del gasto público y tiene en carpeta la revisión profunda de organismos del Estado: algunos serán eliminados, otros fusionados y varios verán reducidas sus estructuras. Todo antes de 2027.
No es un rumor ni una filtración: es una decisión política en marcha. Y los números que ya están sobre la mesa son elocuentes. Desde que Javier Milei asumió en diciembre de 2023, el Estado nacional perdió 71.029 puestos de trabajo, según datos oficiales. Una cifra que no es menor y que tiene cara y apellido detrás de cada número.
La pregunta que sobrevuela es cuánto más puede achicarse el Estado sin que el impacto en los servicios públicos se vuelva insostenible. Porque una cosa es la eficiencia y otra muy distinta es el desguace. La diferencia entre ambas la paga, siempre, la gente que depende de esos organismos para tramitar un beneficio, acceder a un programa o simplemente recibir una respuesta del Estado.
El Ejecutivo sostiene que la reestructuración apunta a eliminar la burocracia redundante y liberar recursos para otras prioridades. La lógica del equilibrio fiscal sigue siendo el norte que guía cada decisión. Pero la oposición y los gremios estatales ya anticipan que cualquier nueva ronda de recortes encontrará resistencia.
Lo concreto es que el proceso está en marcha y el horizonte es claro: llegar a las elecciones de 2027 con un Estado más pequeño, con menos organismos y con un gasto estructural más bajo. Si eso se traduce en un Estado más eficiente o simplemente en uno más ausente, es el debate que recién empieza.
