Un amparo colectivo presentado ante la Justicia de Entre Ríos pone en el centro del debate algo que debería ser innegociable: qué comen los chicos en las escuelas públicas. La disputa no es menor, y el momento tampoco.
El jueves 23 de julio, el gobierno provincial anunció un nuevo esquema para los comedores escolares: en lugar de que los directores compren los alimentos con tarjetas Sidecreer provistas por el Estado, una empresa privada distribuirá los insumos para desayunos y meriendas en cada establecimiento. La Provincia argumentó que el modelo anterior acumulaba problemas serios: diferencias de calidad entre escuelas, precios dispares para productos similares, controles insuficientes y una carga administrativa que recaía sobre directivos y docentes que nada tenían que ver con la gestión de compras.
Pero los impulsores del amparo ven otra cara de la moneda. Sostienen que el nuevo sistema desplaza a las pymes regionales que hoy proveen los alimentos y los reemplaza por productos industrializados predeterminados, en detrimento de alimentos frescos y de elaboración local. Ahí está el nudo del conflicto.
La demanda judicial exige que, de manera inmediata, la Provincia se abstenga de ofrecer, servir o distribuir en establecimientos dependientes del Consejo General de Educación alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, tal como lo establece la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. También piden que el Estado justifique técnicamente el nuevo sistema y acompañe la documentación y los estudios previos que lo respalden.
El planteo de fondo apela a derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Constitución entrerriana: el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una alimentación adecuada, saludable, sostenible, suficiente, segura, variada y culturalmente aceptable. No es retórica vacía: es el piso mínimo que cualquier política pública escolar debería garantizar.
Los demandantes también solicitaron una medida cautelar para que la Provincia no interrumpa la provisión de alimentos durante el proceso judicial, dejando en claro que el objetivo no es paralizar el servicio alimentario sino controlarlo. “La presente acción no persigue la resolución del vínculo contractual ni la imposición de responsabilidad a la empresa adjudicataria”, aclararon, “sino exclusivamente la tutela del derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una alimentación adecuada, sana, segura y sostenible”.
La Justicia entrerriana deberá resolver si el nuevo modelo cumple con los estándares legales vigentes o si la reforma, pensada para ordenar el sistema, terminó abriendo una puerta a productos que no deberían estar en ningún comedor escolar. Mientras tanto, el debate sobre qué se sirve en las escuelas públicas de la provincia quedó instalado con fuerza en la agenda judicial y política.
