El sistema ya no es lo que era. Lo que nació como una herramienta de recaudación anticipada se convirtió, según un análisis técnico publicado en el sitio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), en un mecanismo que descarga sobre el sector privado una parte sustancial de la función recaudatoria del Estado provincial.
El trabajo es del contador Edgardo José Marsó y toma como eje la Resolución ATER N.º 208/2024 y sus modificaciones. El diagnóstico es claro: los agentes de retención y percepción deben consultar padrones, aplicar alícuotas, retener o percibir fondos, presentar declaraciones juradas, ingresar importes en plazos estrictos y responder por errores u omisiones. Todo eso, sin recibir un peso de compensación por la tarea.
Entre los puntos más críticos, el documento apunta al uso del concepto de “riesgo fiscal” para agravar alícuotas: una categorización que puede afectar la reputación comercial de los contribuyentes a partir de su publicación en padrones de acceso público. También cuestiona la obligación de ingresar percepciones antes de haberlas cobrado efectivamente, y la generación de saldos a favor permanentes que el contribuyente no puede recuperar con agilidad.
La reforma introducida por la Resolución ATER N.º 391/2025 suma otra arista polémica: habilita la aplicación de percepciones cuando no puede determinarse con claridad el destino final de los bienes o la utilización económica del servicio. Para Marsó, que la información sea incompleta no debería convertirse automáticamente en una presunción favorable al Fisco. La incertidumbre no puede ser siempre el contribuyente quien la pague.
El planteo de fondo tiene raíz constitucional. Una administración tributaria moderna puede y debe recaudar con eficacia, pero dentro de límites razonables. Cuando el costo de cumplir con las obligaciones formales supera al de eludirlas, el sistema empuja hacia la marginalidad en lugar de alejarla.
Las propuestas del análisis incluyen eliminar el riesgo fiscal como criterio para agravar alícuotas, remunerar a los agentes por la tarea recaudatoria que realizan en nombre del Estado, notificarlos personalmente de su designación, revisar los plazos de ingreso, evitar saldos a favor estructurales, reformular la cláusula territorial y dar tratamiento diferenciado a los artículos de primera necesidad. El documento completo está disponible en el sitio web del CPCEER.
