El reloj corre. El 1° de agosto está marcado en rojo como la fecha en que entraría en vigencia el contrato entre el Gobierno de Entre Ríos y la empresa porteña Teknofood S.A. para abastecer de desayunos y meriendas a las escuelas públicas provinciales. Pero antes de que eso ocurra, un abogado le puso el pie en el freno al gobernador Rogelio Frigerio.
El letrado Rubén Pagliotto presentó una intimación formal en la que emplaza al mandatario provincial a suspender de manera inmediata la implementación del nuevo sistema. El argumento central es que el esquema podría entrar en contradicción con la Ley Nacional 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, con la normativa provincial vigente y con el marco constitucional y convencional que protege el derecho a la salud y a una alimentación adecuada de niños, niñas y adolescentes.
En el escrito, Pagliotto aclara que su planteo no busca cuestionar una política pública por razones de oportunidad o conveniencia. Lo que denuncia es algo más concreto: el nuevo sistema reemplaza el modelo descentralizado de adquisición de alimentos frescos por otro centralizado basado en productos industrializados, sobre los cuales —según afirma— existen cuestionamientos de profesionales de la nutrición respecto de su compatibilidad con los estándares exigidos en establecimientos educativos.
El punto más sensible del planteo es la presunta incompatibilidad con la propia normativa entrerriana. La Dirección de Comedores Escolares, mediante la Circular N° 2/2023, ya había dispuesto la aplicación de los lineamientos de la Ley 27.642, cuyo artículo 12 prohíbe expresamente la provisión y distribución dentro de escuelas de alimentos y bebidas con sellos de advertencia en su etiquetado frontal. Según Pagliotto, los productos que suministraría Teknofood serían, en su mayoría, alimentos ultraprocesados con ese tipo de advertencias.
A eso se suma otro problema: la opacidad. El 20 de julio el letrado presentó un pedido de acceso a la información pública ante la ministra de Desarrollo Humano para conocer los antecedentes administrativos, técnicos, nutricionales y bromatológicos del contrato. Hasta la fecha, según afirma, no recibió ninguna respuesta. Esa falta de información, sostiene, agrava la incertidumbre e impide el control ciudadano sobre una decisión que compromete la alimentación de miles de alumnos entrerrianos.
En la intimación, Pagliotto exige que el Gobierno provincial remita en un plazo de 72 horas copia autenticada del decreto o resolución por la cual se adjudicó la contratación, junto con los fundamentos técnicos, socionutricionales y jurídicos que respaldaron esa decisión. Si no obtiene respuesta favorable, advierte que promoverá una acción de amparo con medida cautelar para impedir la entrada en vigencia del contrato, y que además presentará una denuncia penal para que se investigue la eventual responsabilidad de los funcionarios intervinientes. La polémica por Teknofood está lejos de cerrarse.
