Un ciervo colorado de 72 puntas abatido por un turista brasileño que pagó cerca de 50.000 dólares por la excursión fue el hilo que tiró de todo el ovillo. Lo que empezó como una imagen viral en redes sociales terminó en allanamientos, secuestro de armamento y una causa federal que hoy tiene en el centro de la escena a un funcionario del gobierno entrerriano.
El operativo se ejecutó el 10 de junio en el establecimiento rural «Médano Salvaje / Punta Caballo», ubicado en Costa Uruguay Sur, departamento Gualeguaychú, donde operaba la empresa De Bernardis Hunting, propiedad de Héctor De Bernardis. Personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la Nación y de la Prefectura Naval Argentina ingresaron al predio y encontraron lo que la investigación describe como un circuito de caza irregular montado para turistas extranjeros, sin habilitación provincial ni el libro foliado obligatorio para registrar cazadores y piezas abatidas.
Los procedimientos se extendieron luego a depósitos y galpones de la empresa sobre avenida Urquiza Oeste, en Gualeguaychú. El resultado fue contundente: 29 armas de fuego —escopetas, fusiles y revólveres—, más de 15.000 cartuchos y municiones, decenas de trofeos de taxidermia, pieles, colmillos, cornamentas, dispositivos electrónicos y documentación contable. El valor total de los bienes incautados fue estimado en 1.326 millones de pesos.
El origen del caso se remonta al 16 de marzo, cuando la difusión de imágenes del ciervo abatido disparó una denuncia de organizaciones ambientalistas, entre ellas la Fundación FreeLand y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), ante la Brigada de Control Ambiental. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, con la intervención del fiscal federal Pedro Rebollo.
Uno de los ejes más sensibles de la investigación apunta directamente al Estado provincial. El ciervo colorado (Cervus elaphus) es una especie exótica invasora cuyo ingreso, tenencia y caza están prohibidos en Entre Ríos por la Resolución Nº 287/94 de la Dirección de Recursos Naturales. Sin embargo, la Justicia analiza un expediente administrativo y una guía de tránsito que habrían autorizado, con carácter de excepción, el traslado de ejemplares desde Buenos Aires hacia el predio investigado. CEYDAS señaló que esa autorización podría contradecir la normativa vigente y reclamó que se investigara a fondo.
En ese marco, la causa procura determinar si existieron irregularidades administrativas en la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos. Entre los funcionarios bajo análisis figura el director del área, Mario Zárate, según surge de las actuaciones. Hasta el momento, no se informó oficialmente su situación procesal ni si prestó declaración en la causa.
