Cincuenta mil firmas en contra, gremios que advierten recortes del 40% en el haber pasivo, docentes que alertan sobre judicialización y un oficialismo que igual tiene los votos. Ese es el cuadro que rodea la reforma previsional que Entre Ríos se apresta a votar.
Este miércoles, la Cámara de Diputados provincial recibió en audiencia a representantes gremiales del sector educativo, en el marco del cronograma previo al dictamen. Estuvieron presentes el secretario general de AGMER, Abel Antivero, la secretaria adjunta Lía Fimpel, y el secretario de Relaciones Gremiales de AMET, Roberto Aguirre. Para la jornada siguiente estaban convocados organismos del Estado y entidades intermedias.
La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) fue directa: el oficialismo tiene los números para convertir el proyecto en ley. «Participamos de las reuniones del Senado y no creo que aparezcan opiniones muy distintas. De todas maneras, vamos a escuchar a todos por una cuestión de respeto a los diputados», dijo. Las audiencias, entonces, parecen más un trámite de forma que una instancia de debate real.
Aguirre lo dijo sin vueltas: «No queremos ser meros espectadores». El dirigente de AMET pidió una auditoría sobre el manejo de la Caja previsional y cuestionó los números que maneja el Ejecutivo. Recordó que el gobernador Rogelio Frigerio había afirmado en 2025 que el aporte extraordinario del año anterior había saneado el 50% del déficit, lo que implicaría que para este año la situación debería estar equilibrada. «Sin embargo, seguimos teniendo el mismo pasivo», advirtió.
Entre los puntos más cuestionados del proyecto figura la ampliación a 15 años de la base temporal para calcular el haber inicial, que los gremios califican directamente de «estafa». Aguirre señaló que en Córdoba una modificación similar —de 4 a 10 años— terminó judicializada, y que el cambio implica una rebaja de hasta el 40% en el salario pasivo. «Al ingresar a la docencia, tenemos definido cuál será el marco de nuestra pasividad», sostuvo. Además, alertó que la reducción del 19% en los aportes previsionales desincentivará la continuidad laboral y generará mayor demanda de tareas administrativas.
Antivero, desde AGMER, apuntó también contra la metodología: cuestionó que no fueron convocados representantes de UDA ni SADOP. Y puso el foco en la Carpa Blanca instalada frente a la Casa de Gobierno provincial como símbolo de resistencia: «La Ley 8072 no se toca», afirmó, en referencia al estatuto docente que la reforma busca modificar. Las 50 mil adhesiones recolectadas, dijo, expresan que hay un sector amplio de la ciudadanía que le dice no al proyecto.
El cuadro es claro: la inmensa mayoría de los involucrados directos rechaza la reforma, los argumentos técnicos y jurídicos están sobre la mesa, y aun así el oficialismo avanza. La votación, prevista para las próximas horas, definirá si esos reclamos tuvieron algún peso real o si las audiencias fueron, como temen los gremios, una formalidad sin consecuencias.
