Una cifra que asusta: $350 millones. Ese es el monto del juicio laboral que tiene al borde de la quiebra a una pyme entrerriana dedicada a la fabricación y venta de papel higiénico y rollos de cocina, radicada en el sur de la provincia. El caso ya escaló hasta la Corte, en lo que se convirtió en un ejemplo brutal de cómo un litigio puede destruir una empresa que genera trabajo genuino.
La demanda la presentaron un padre y su hijo que se desempeñaban como preventistas en zonas de la costa del río Uruguay. El reclamo, que en términos nominales representa una suma difícil de absorber para cualquier empresa mediana, terminó por poner en jaque la continuidad del negocio.
El caso enciende una discusión que no es nueva pero que sigue sin resolverse: el sistema judicial laboral argentino, con sus actualizaciones, intereses y honorarios acumulados, puede transformar un conflicto de trabajo en una sentencia de muerte para una pyme. No se trata de defender el incumplimiento ni de negar derechos a los trabajadores, sino de preguntarse si el mecanismo actual es compatible con la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas que dan empleo en el interior del país.
La empresa decidió no resignarse y llevar el caso a la Corte, en busca de una revisión que, según entienden, podría cambiar el resultado del proceso. Mientras tanto, la incertidumbre sobre su futuro persiste. Si la resolución no llega a tiempo o no es favorable, el cierre podría ser inevitable, con todo lo que eso implica para los trabajadores que hoy siguen en actividad.
El desenlace de este caso será seguido de cerca por el sector empresarial entrerriano, que ve en él un antecedente con potencial para repetirse en otras firmas de la región.
