Cuatro intentos, cuatro fracasos. El oficialismo no consiguió los votos para que el Senado le dé media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, y esta vez la traba vino de adentro y de afuera al mismo tiempo.
Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, se vio obligada a pedir un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, después del receso invernal. La postergación evitó el bochorno mayor: que el peronismo juntara los votos suficientes para rechazar la propuesta directamente.
El nudo del conflicto estuvo en un artículo impulsado por un sector del radicalismo y la senadora salteña Flavia Royón, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz. La modificación buscaba que las provincias pudieran establecer su propio régimen de habilitación para la venta de tierras rurales a extranjeros. Para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, eso era inaceptable: las provincias no pueden dictar su propio reglamento sobre la materia.
Lo que tensó todavía más el ambiente fue el timing. Según fuentes legislativas, Sturzenegger llamó a Bullrich el mismo día de la sesión, después del triunfo del seleccionado argentino en el Mundial 2026, para avisarle que rechazaba la modificación. A la exministra no le cayó nada bien enterarse a último momento. Ahora quiere sentarse con el ministro desregulador para discutir cómo seguir la negociación.
El panorama se complicó además por las ausencias de tres senadores que podrían acompañar a La Libertad Avanza: Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (Chubut). El quórum se consiguió con lo justo, 37 senadores, entre oficialismo, radicales, PRO y bancadas provinciales de Neuquén, Salta y Misiones. Ni el peronismo ni Convicción Federal colaboraron para abrir la sesión.
Mientras el cuerpo debatía pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, negociaba en paralelo con la oposición en línea directa con Sturzenegger. No alcanzó. Al cierre de la sesión, Bullrich reconoció que le faltaban dos votos, aunque en el entorno oficialista saben que sin aceptar las modificaciones exigidas por los aliados, la norma no tiene futuro.
El proyecto apunta a derogar los límites vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, que hoy están fijados en el 15% del territorio nacional. En su versión original también impulsaba desalojos exprés y el llamado silencio administrativo, que habilitaba operaciones automáticamente si en 180 días ninguna autoridad formulaba objeciones. Ambas disposiciones fueron eliminadas por presión de los aliados. Tampoco prosperó la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). El debate quedó en suspenso hasta agosto, con el Gobierno obligado a renegociar un texto que ya lleva quince versiones y todavía no convence a nadie.
