Un adicional que representa el 71,5% del ingreso total del intendente y sobre el que los aportes jubilatorios serían, según la denuncia, de cero pesos. Eso es lo que el exintendente de Estancia Grande, Daniel Esteban Lladós, puso sobre la mesa ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos el pasado 18 de mayo de 2026.
La presentación, realizada con el patrocinio del abogado Matías E. J. Lladós, apunta directamente contra la Ordenanza Municipal Nº 332/24, mediante la cual el Concejo Deliberante local creó el concepto denominado «Asignación por Representación Jerárquica». La norma lo define como un adicional «no remunerativo y no permanente», pero según el denunciante esa calificación choca de frente con los propios fundamentos del texto: el adicional está vinculado a la función, se percibe de manera habitual y está atado al ejercicio del cargo. Para Lladós, esa contradicción no es un descuido técnico sino una maniobra deliberada para excluir sumas millonarias de la base de cálculo de los aportes previsionales.
Los números que incorporó como prueba documental son concretos. Según una planilla oficial de haberes del intendente Pablo Javier Goldín, obtenida mediante acceso a la información pública, la liquidación de febrero de 2026 muestra un sueldo básico más antigüedad de $1.999.018,60 y un adicional por la ordenanza cuestionada de $5.031.488, lo que arroja un ingreso bruto total de $7.031.506,60. La denuncia sostiene que los descuentos previsionales y de obra social se calculan únicamente sobre el básico, dejando fuera de la base más de cinco millones de pesos mensuales.
«Sobre los más de 5 millones de pesos que el Intendente percibe de forma habitual y permanente, el aporte previsional es de cero pesos», afirma textualmente la presentación ante el Directorio de la Caja. El argumento jurídico central es el principio de primacía de la realidad: un concepto abonado de manera regular no deja de ser remunerativo por la etiqueta que le ponga una ordenanza municipal. Sobre esa base, Lladós sostiene que la norma resulta inconstitucional e inaplicable para determinar los aportes al sistema jubilatorio.
El exintendente también señala que la situación lo afecta en forma directa, ya que su haber jubilatorio se calcularía sobre una porción reducida del salario del funcionario en actividad y no sobre la totalidad de los ingresos que, según entiende, deberían integrar esa base. Pero la advertencia más amplia apunta al sistema en su conjunto: si la Caja convalidara este mecanismo, cualquier municipio de Entre Ríos podría replicarlo, reduciendo la base de aportes mediante la creación de adicionales formalmente no remunerativos y erosionando los recursos del sistema solidario previsional.
Lladós aclaró en su escrito que esta denuncia es autónoma e independiente del recurso jerárquico que ya presentó ante el gobernador de la provincia, y pidió que tramite por un expediente separado. La Caja de Jubilaciones tiene ahora la palabra: deberá decidir si activa sus facultades de fiscalización, auditoría y determinación de deuda sobre el municipio de Estancia Grande, o si el esquema cuestionado sigue operando sin control.
