La Provincia habilitó las tarjetas para las compras de julio, luego del receso invernal, pero hay un problema que nadie quiere mirar de frente: los pagos de los meses anteriores siguen sin aparecer. Proveedores de Concordia vinculados al abastecimiento de comedores escolares esperan cobrar sumas que, según el volumen de establecimientos que abastecen, van de 40 a 100 millones de pesos por proveedor.
Los comerciantes describieron un escenario de preocupación sostenida. Hacen consultas permanentes para saber cuándo se efectivizarán los depósitos, pero la respuesta no llega. El plazo estipulado de 28 días hábiles ya quedó en el pasado para esas facturas pendientes, y la espera se estira sin fecha concreta.
El problema no termina en quien entregó los alimentos a la escuela. La mayoría de estos proveedores son comercios medianos, distribuidores o mayoristas que compraron mercadería a terceros para poder abastecer los establecimientos. Mientras el Estado no les paga, ellos acumulan deudas con sus propios proveedores. Una cadena de obligaciones que crece con cada semana que pasa.
En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Humano anunció un cambio estructural en el sistema: se abandona la modalidad en la que cada escuela gestionaba sus compras con tarjeta y se pasa a un esquema de adquisición centralizada. El objetivo declarado es unificar criterios de calidad nutricional, reforzar controles y homogeneizar la provisión para todos los establecimientos alcanzados.
La Provincia informó que el proceso licitatorio se realizó conforme a la normativa vigente y que la empresa adjudicataria cumplió con los requisitos técnicos, administrativos y de calidad del pliego. Sin embargo, el comunicado oficial no incluyó el nombre de la firma seleccionada, el monto adjudicado ni las condiciones económicas del contrato. Datos que, en una licitación pública, deberían ser de acceso inmediato.
El nuevo esquema centralizado puede tener lógica en términos de gestión y control nutricional. Pero mientras se diseña el futuro del sistema, hay proveedores que hoy sostienen sus negocios con deudas propias, esperando que el Estado cumpla con lo que ya debería haber pagado.
