Un traspié que el Gobierno prefirió no pelear por ahora. La Secretaría de Trabajo reconoció formalmente la vigencia de una medida cautelar que beneficia al Sindicato de Comercio y que suspende dos artículos clave de la reforma laboral: los que limitan las cuotas solidarias y los que obligan a renegociar los convenios colectivos por la caída de la ultraactividad.
La decisión quedó plasmada en la disposición 839 de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo. En el texto, las autoridades laborales explicaron que la homologación del último acuerdo salarial del sector mercantil debe ajustarse a los alcances del fallo judicial que en marzo dictó el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín. Ese juzgado ordenó suspender por seis meses —hasta septiembre próximo— la aplicación de los artículos 131 y 133 de la reforma laboral respecto al convenio de Comercio.
El Gobierno apeló, pero la cautelar fue otorgada con efecto devolutivo: sigue vigente hasta que la Cámara de alzada se pronuncie. Y desde el gremio que conduce Armando Cavalieri ya anticiparon que, cuando venza el plazo original, pedirán una prórroga por un nuevo período. En otras palabras, el sindicato no piensa soltar la protección judicial en el corto plazo.
Lo que está en juego es concreto y millonario. El gremio aclaró mediante un comunicado que siguen vigentes las retenciones fijadas en el convenio: un 2% del salario de convenio destinado a las seccionales regionales y un 0,5% de contribución a la federación nacional. El problema es que la reforma laboral fijó ese mismo 2% como tope total para las cuotas solidarias, lo que hubiera dejado sin margen al aporte a la federación. Fue justamente ese punto el que el gremio usó ante la Justicia para argumentar “falta de previsibilidad” y obtener la medida cautelar.
El impacto va más allá de la caja del sindicato. Desde Comercio dejaron trascender que no avanzarán en los próximos meses en negociaciones con el sector empresario para revisar el convenio. Esa postura choca de frente con uno de los objetivos centrales del Gobierno: que antes de fin de año se renegocien más de 400 convenios colectivos. Para empujar ese proceso, el Ejecutivo lanzó hace un mes una convocatoria formal a gremios y cámaras empresariales. Hasta ahora, el sector de la industria alimentaria fue uno de los pocos que respondió, acordando prorrogar su convenio por un año.
El caso de Comercio muestra que la reforma laboral, una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Javier Milei, enfrenta resistencias que no se resuelven solo con una ley: los sindicatos con músculo judicial pueden frenar su aplicación artículo por artículo, al menos mientras los tribunales sigan receptivos a sus planteos.
