No costaba un peso. No creaba impuestos. No sancionaba a nadie. Era apenas un mensaje institucional de acompañamiento a más de 120 trabajadores despedidos en el Parque Industrial de Gualeguaychú. Y aun así, el bloque oficialista votó en contra.
La protesta arrancó entre las 13 y las 16 horas en la puerta del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), con operarios de dos empresas que quedaron en la calle: Unión Bat cesanteó a 100 trabajadores, mientras que Laboratorios Pyam despidió a 11 empleados en la última tanda, después de haber dejado sin trabajo a otras 9 personas apenas dos meses atrás. En total, más de un centenar de familias golpeadas en una ciudad que no sobra de industria.
En ese contexto, los concejales del PJ llevaron a la sesión del martes un proyecto que, según describieron, buscaba «manifestar la preocupación por la crisis industrial y pedir medidas para proteger el empleo» en la ciudad. Los ediles Emiliano Zapata, Delfina Herlax, Jorge Maradey y María Sira Ghisi fueron directos: «Creemos que defender el trabajo debe estar por encima de cualquier diferencia política, porque cuando se pierde un empleo, pierde una familia. Y cuando cierran oportunidades, pierde toda la ciudad de Gualeguaychú».
El argumento es difícil de rebatir. Más difícil todavía resulta explicar por qué el bloque de Juntos por Entre Ríos eligió votar en contra de una declaración que, por definición, no implicaba ningún costo fiscal ni ninguna consecuencia concreta más allá de un gesto de solidaridad institucional. Desde el bloque opositor, la lectura fue sin vueltas: el oficialismo «votó en contra de un proyecto que solo buscaba expresar solidaridad con los trabajadores despedidos».
¿Cuánto cuesta decir que una situación preocupa? En términos políticos, aparentemente, demasiado para algunos. El rechazo deja una imagen incómoda: mientras los trabajadores se plantaban en la puerta del parque industrial reclamando por sus empleos, adentro del Concejo Deliberante se debatía si valía la pena acompañarlos con palabras. La respuesta oficialista fue que no. El debate sobre el empleo en Gualeguaychú sigue abierto, con las familias afectadas esperando algo más que silencio institucional.
