La iniciativa apunta a generar nuevos acuerdos entre deudores y acreedores cuando las condiciones de pago imposibiliten una vida digna.
Pagar sus deudas es el objetivo de muchos bonaerenses “sobreendeudados” que no encuentran los mecanismos para renegociar sus números rojos con financieras, comercios o tarjetas de crédito. Una ley de Unión por la Patria busca acercar una solución.
El diputado peronista Juan Miguel Gómez Parodi presentó un proyecto de ley para que Defensa al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires pueda realizar mediaciones específicas que lleven las negociaciones entre deudores y acreedores a buen puerto. “La experiencia indica que los acuerdos son realistas por parte del consumidor, que se compromete a pagar algo que esté a su alcance y que las empresas prefieren acordar y tal vez cobrar en otros plazos o condiciones antes que litigar”, afirma en diálogo con Buenos Aires/12.
La expectativa del legislador oriundo de Tres de Febrero está sustentada en que, según informa, el porcentaje de acuerdos por mediación en la provincia supera el 70 por ciento y en algunas delegaciones, como la de San Martín, el 90 por ciento de efectividad. Desde su experiencia en el abordaje de esta temática, “si el negocio por alguna circunstancia falló, las empresas prefieren llegar a un acuerdo conciliatorio.”
“No se trata de un acompañamiento financiero, sino que la Provincia facilite un procedimiento administrativo específico a través de las oficinas municipales y provinciales de Defensa del Consumidor para poder corroborar el sobreendeudamiento y, a partir de allí, realizar una mediación entre el deudor y el acreedor”, explica Gómez Parodi. Con este objetivo, la iniciativa propone la modificación de la Ley 13.133 de Defensa del Consumidor provincial, haciendo de esta institución la Autoridad de Aplicación y quien contará con la facultad de celebrar las convocatorias y acuerdos que serán homologados.
Si bien no hay cifras concretas sobre cuál es el número de familias que están al límite, Gómez Parodi asegura que “es notable el crecimiento de toma de créditos para pagar otros créditos, de refinanciación de deudas con tarjetas de crédito y la compra de bienes básicos como alimentos en cuotas.”
En ese marco, el proyecto de ley prevé que aquellos ciudadanos que consideren que se encuentran sobreendeudados puedan presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor para iniciar las averiguaciones correspondientes. En caso de acreditarse tal condición, el ente iniciaría un protocolo que comprende la citación al proveedor, la mediación entre las partes y la elaboración de un acuerdo, estableciendo el mecanismo de cancelación, montos, plazos, intereses y cualquier otro aspecto inherente a la relación de consumo. Este acuerdo deberá ser homologado por el Estado provincial y podrá ser oponible judicialmente.
Durante la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, especialistas en la materia de defensa pusieron énfasis en destacar el valor de la norma de cara a subsanar el problema del sobreendeudamiento que, para la ex directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de San Martín, Samanta Lagrutta, es “la vedette de los últimos años”.
“La situación de deterioro del salario que se vive en nuestro país, se suma la oferta constante de acceso al crédito, que muchas veces son otorgados de manera irresponsable y da como resultado que muchas veces las familias se endeudan para comprar comida y otras muchas toman un crédito para cancelar otro que perciben como menos favorable”, remarcó.
En el mismo panel que Lagrutta, estuvo presente el Juez árbitro institucional de consumo, Cristian Luisi, quien fue al hueso para evitar confusiones: “Este proyecto no es para que los deudores no paguen, como seguramente van a salir a decir sus detractores sino que es un proyecto para proteger a las familias que quieren pagar sus compromisos pero que no lo pueden hacer en las condiciones pactadas inicialmente”.
El desafío que tendrá el legislador en los próximos días es que la Legislatura logre conseguir los acuerdos necesarios y sesionar, de mínima, por segunda vez en el año.
Estar sobreendeudado
La iniciativa aborda casos que se encuentran en situación de “sobreendeudamiento”, es decir, cuando quien tomó la deuda “pone en riesgo la continuidad de la vida digna del consumidor y su familia, comprometiendo la provisión de los bienes más básicos para garantizar su sustento” para afrontar el pago pactado.
No abarca todo tipo de deudas, sino aquellas que son contraídas en el marco de una “relación de consumo”, es decir, la adquisición de un bien material. No importa si la financiación la realiza la empresa vendedora de, por ejemplo, un electrodoméstico, una empresa proveedora de servicios financieros, un banco, o los servicios de tarjetas de crédito. “Si alguien pidiera un préstamo para pagar un alquiler, la situación se puede evaluar, pero no la deuda de alquiler con la inmobiliaria”, aclara el diputado, en un contexto de pleno debate sobre la Ley de Alquileres en la órbita Nacional.
El espíritu de la norma radica en que ningún bonaerense se vea asfixiado por una deuda que no pueda solventar a raíz de cambios abruptos en sus condiciones de vida, como la pérdida del empleo, o bien por haberse visto envuelto en una toma de crédito sin la información pertinente o con un abuso sobre sus posibilidades de pago.
Estas últimas variables hicieron que el texto de la ley incorpore tres definiciones que buscan paliar el exceso de especulación. Primero, la lealtad comercial, que estipula que quien otorga el préstamo “deberá pretender ganancias justas y razonables”, para lo cual no podrá incurrir en “publicidad engañosa” que incentive a una persona a pedir un crédito que está más allá de sus posibilidades de pago. “Muchas familias son víctimas de mensajes como ‘A sola firma’ o ‘Sólo con tu DNI’, en conjunto con el bombardeo publicitario según el cual endeudarse es algo bueno, que sirve para resolver todos los problemas, darse gustos, comprarse cosas tal vez innecesarias y que esa conducta no puede traer ningún tipo de inconvenientes”, señaló Gómez Parodi.
En segundo lugar, la iniciativa pide que haya un “préstamo responsable”, donde quien lo provee se evalúe “certeramente” los antecedentes crediticios del solicitante, así como su solvencia. Y en tercero, explica la importancia de una educación financiera para la sociedad a través del sistema educativo provincial para tener una “gestión razonable de la economía doméstica.”
En relación a los tiempos y la calidad del acuerdo que puedan obtener ambas partes, cabe señalar que, según el texto del proyecto, desde el momento que se llama a las partes a renegociar las condiciones, inicia un plazo de 90 días durante el cual se deberán suspender las actuaciones judiciales sobre cobros de préstamos. Esto, afirma, oxigenará las tratativas de cara a obtener un acuerdo equilibrado.
Fuente e imagen: Página 12
