{"id":58361,"date":"2026-08-20T10:33:03","date_gmt":"2026-08-20T13:33:03","guid":{"rendered":"https:\/\/lt15concordia.com.ar\/?p=58361"},"modified":"2026-08-20T10:33:15","modified_gmt":"2026-08-20T13:33:15","slug":"la-reglamentacion-del-art-60-blindaje-a-la-reforma-previsional-de-frigerio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lt15concordia.com.ar\/index.php\/2026\/08\/20\/la-reglamentacion-del-art-60-blindaje-a-la-reforma-previsional-de-frigerio\/","title":{"rendered":"La reglamentaci\u00f3n del art. 60: \u00bfblindaje a la reforma previsional de Frigerio?"},"content":{"rendered":"

La secuencia tiene fecha y tiene nombre. El 29 de julio de 2026<\/strong>, la Legislatura de Entre R\u00edos<\/strong> sancion\u00f3 la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio<\/strong>. El 11 de agosto<\/strong>, apenas dos semanas despu\u00e9s, se reglament\u00f3 el art\u00edculo 60 de la Constituci\u00f3n provincial<\/strong>, que es justamente el mecanismo que permite derogar una norma cuando el Superior Tribunal la declara inconstitucional tres veces por sentencia firme. Casualidad, dicen algunos. Otros prefieren no creer en casualidades cuando hay poder de por medio.<\/p>\n

El art\u00edculo 60 es una pieza clave del sistema de control constitucional entrerriano. Establece que toda ley provincial que viole la Constituci\u00f3n Nacional o la propia Constituci\u00f3n provincial carece de valor. Pero su parte m\u00e1s relevante es la que dispone que, ante tres declaraciones de inconstitucionalidad firmes<\/strong> del Superior Tribunal de Justicia, la norma afectada queda derogada en esa parte. Es, en definitiva, un freno constitucional al Poder Legislativo. Un mecanismo que el constituyente dise\u00f1\u00f3 precisamente para que ninguna ley pueda sostenerse indefinidamente en contra de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

El problema, seg\u00fan la lectura jur\u00eddica que circula con fuerza en el ambiente legal entrerriano, es que la reglamentaci\u00f3n sancionada no se limita a ordenar procedimientos administrativos. Incorpora requisitos que el art\u00edculo 60 no menciona expresamente: exige que las declaraciones de inconstitucionalidad provengan del pleno del Superior Tribunal<\/strong> y que re\u00fanan determinadas caracter\u00edsticas para ser computadas a los efectos del mecanismo derogatorio. Ninguna de esas exigencias surge del texto constitucional.<\/p>\n

La pregunta que se instala es inc\u00f3moda pero necesaria: \u00bfpuede una ley reglamentaria reducir el alcance de lo que la Constituci\u00f3n quiso establecer? La respuesta jur\u00eddica cl\u00e1sica es no. Una reglamentaci\u00f3n puede fijar procedimientos, plazos, registros. No puede achicar derechos ni estrechar mecanismos que la Constituci\u00f3n dise\u00f1\u00f3 con amplitud. Si el art\u00edculo 60 habla de tres sentencias firmes del Superior Tribunal sin distinguir si son del pleno o de una sala, si son de oficio o a pedido de parte, agregar esas distinciones por v\u00eda reglamentaria no es ordenar: es reescribir.<\/p>\n

El contexto agrava la lectura. La reforma previsional de Frigerio<\/strong> ya acumulaba cuestionamientos constitucionales antes de que se reglamentara el art\u00edculo 60. Jubilados, gremios y sectores de la oposici\u00f3n hab\u00edan advertido que la norma pod\u00eda ser impugnada judicialmente. Si esas impugnaciones prosperan y llegan al Superior Tribunal, el mecanismo del art\u00edculo 60 ser\u00eda el camino natural para forzar su derogaci\u00f3n. Pero si ese mecanismo ahora exige requisitos m\u00e1s estrictos, el camino se vuelve m\u00e1s angosto.<\/p>\n

La discusi\u00f3n, en \u00faltima instancia, deber\u00e1 resolverla la Justicia. Lo que est\u00e1 sobre la mesa es si la reglamentaci\u00f3n del art\u00edculo 60 respeta o desvirt\u00faa el esp\u00edritu del constituyente. Y esa es una discusi\u00f3n que Entre R\u00edos<\/strong> no puede darse el lujo de ignorar.<\/p>\n