La pregunta incomoda: ¿puede un guardia urbano de Concordia terminar preso por hacer su trabajo? La respuesta del planteo jurídico es sí, si actúa sin el marco legal y la formación que protegen a la policía provincial.
En Concordia existe una Guardia Urbana que, para muchos vecinos y para quien la encabeza, funciona como “policía municipal”. Pero, desde lo jurídico, no son policías: son empleados municipales, y no confundas conceptos.
La policía depende del Gobierno Provincial y tiene facultades para prevenir, con permisos excepcionales para usar armas. En cambio, la Guardia Urbana no tiene facultades legales para el uso de la fuerza ni para portar armas, letales o no letales.
El problema aparece cuando se habla de dispositivos no letales, como pistolas Byrna, Taser o equipamiento antidisturbios. El planteo advierte que, aunque no estén en el Código Penal, su uso por un agente municipal puede quitarle la protección de la legítima defensa por desproporción.
El color no es menor: el planteo señala que la Guardia Urbana aparece con uniforme, corte de pelo y un monotributo que, según el planteo, encubre una relación laboral. Y también alerta contra los “irresponsables” que recomiendan el uso de esas herramientas sin advertir que, ante un problema, el agente deberá buscar asesoramiento penal.
Si un agente municipal sufre una agresión, no necesita una ordenanza para repelerla: tiene el mismo derecho que cualquier concordiense. Pero si emplea un dispositivo de defensa y el medio resulta desproporcionado, puede enfrentar una investigación penal y una pena.
Tampoco es menor la posibilidad de que la Municipalidad compre dispositivos no letales para la “prevención” de disturbios en una sociedad que el planteo describe como pacífica. El planteo menciona la licitación y deja abierta la duda sobre cómo se comprarían esos dispositivos.
La tensión se ve en la Ordenanza de Prevención y Seguridad Municipal, aprobada el día anterior. Su artículo 5 prohíbe al Guardia Municipal portar armas letales “ni de ningún otro tipo”.
La Unidad Operativa estaría integrada por Guardias Municipales, pero el artículo 10 habilita al personal a usar elementos defensivos, dispositivos de sujeción y “cualquier otro equipo” no letal autorizado para uso civil. La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana deberá elaborar el protocolo, y ahí queda la duda: ¿qué equipo exactamente?
La ordenanza pone límites: capacitación, autorización escrita, mediación, advertencia y uso ante una agresión o resistencia que ponga en riesgo la vida o la integridad. Pero deja expresiones amplias y entrega al protocolo decisiones centrales sobre el equipamiento y su empleo.
La Constitución entrerriana reconoce a los municipios facultades de policía en materias locales, incluida la seguridad, pero deja al Poder Ejecutivo provincial la conservación de la paz y el orden público. El límite es claro: la prevención local no puede transformarse, por ordenanza o protocolo, en una fuerza con atribuciones policiales indeterminadas.
Ese límite también protege a los propios trabajadores municipales. Un marco legal confuso, un uniforme y una estética que puede confundir pueden derivar en una situación de riesgo para el agente y para la ciudad. La discusión queda sobre la mesa: la Guardia Urbana puede prevenir, pero no puede convertirse en una fuerza con atribuciones policiales indeterminadas.


