“Se ha naturalizado una situación de total alevosía”, resumió un director de la Cámara Argentina de Comercio al señalar que el ingreso ilegal de mercadería ocurre a la vista de todos. La frase pesa porque no habla de un hecho puntual, sino de una práctica que se instaló en el mapa comercial del país. Y el diagnóstico llega en un momento en que el comercio formal siente la presión en la competencia, en la recaudación y en el empleo.
El informe “Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina”, fechado en octubre de 2026 y elaborado por MAP Latam con aportes de la CAC, muestra que Argentina ocupa el puesto 120 sobre 158 naciones en el ranking global de comercio ilícito sectorial. Ese número no es un dato técnico más: ubica al país en la parte baja de la tabla mundial y obliga a mirar de frente el problema.
La imagen se completa con otro índice: Argentina escaló al puesto 16 entre 193 países en el índice GI-TOC de criminalidad asociada a bienes gravados. Si mirás el dato, no se lo puede esconder, porque señala que la informalidad no se queda en la calle: se mete en la cadena, en la recaudación y en la competencia. Y ahí es donde el comercio formal empieza a perder el piso.
En el eslabón minorista, la fiscalización sí deja marcas. En octubre, el último relevamiento de la CAC, que se realiza desde 2003, detectó 95 puestos de venta ilegal callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa cifra representa una baja del 9,5% respecto del mes anterior y del 28,6% en la comparación interanual. Pero la mejora en la vía pública porteña convive con un desplazamiento hacia canales digitales informales, donde la mercadería sin trazabilidad sigue circulando.
El dato no se lee como una victoria definitiva. La baja en la calle porteña puede explicarse por los operativos locales, pero el fenómeno no se erradicó: se movió. Ahora aparece en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. Si entrás y buscás “entrar mercadería desde Ciudad del Este”, encontrás contactos publicados de manera pública e impune. Ahí el control se complica, porque el delito no se exhibe en un puesto fijo, sino en un contacto o en un mensaje.
En ese frente, la CAC destacó los acuerdos firmados por el Gobierno Nacional con la propia entidad, cámaras sectoriales y plataformas digitales para intercambiar información y detectar la comercialización irregular de productos sensibles en línea. La entidad pidió profundizar esa iniciativa y acompañarla con controles aduaneros igual de eficaces en las fronteras. Sin ese doble frente, el acuerdo puede quedarse en el papel.
La CAC asistió hoy a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación para exponer un diagnóstico integral ante los legisladores. Allí advirtió sobre la urgencia de restablecer condiciones de competencia leal para el sector formal. El mensaje fue directo: el comercio ilegítimo no solo compite, destruye el trabajo registrado y erosiona la recaudación.
“Cuando un producto entra de contrabando, arrastra toda una cadena de ilegalidad hacia abajo: nace sin factura y queda toda la vida en negro, sin pagar ningún impuesto y fomentando el empleo no registrado”, señaló el directivo de la Cámara Argentina de Comercio. La advertencia no es menor: la informalidad no se queda en un eslabón, se multiplica. Y el que paga la cuenta suele ser el comercio que cumple, que paga sus tributos y sostiene empleo registrado.


