La cárcel no le sirvió de cortafuegos a Lázaro Báez: desde el penal de Ezeiza, seguía explotando comercialmente bienes que la Justicia le había alcanzado con decomisos. Ahora, el Estado avanza con la liquidación de Austral Agro S.A. para cubrir parte de las multas millonarias que aún no se pagaron. El dato es duro: la empresa no se detuvo, aunque el empresario esté preso.
La presidenta del Tribunal Oral Federal 4, Valeria Rico, ordenó avanzar con la medida tras la causa iniciada por la fiscalía federal de Río Gallegos. La UIF asumirá la titularidad de la firma y la Agencia de Bienes del Estado deberá administrar el dinero producido para saldar las acreencias. La orden judicial busca transformar el control de los bienes en un mecanismo real de recupero.
En el nuevo expediente por lavado de dinero, asociación ilícita y vínculos con una organización narco criminal, la fiscalía sostiene que Báez designó administradores y dio órdenes específicas para seguir explotando bienes alcanzados por los decomisos. Se trata de los dos expedientes por los que cumple una pena unificada de 15 años. La acusación es directa: desde adentro, el empresario seguía moviendo el negocio.
El 11 de junio del año pasado, el exsocio comercial de Cristina Kirchner volvió a quedar tras las rejas. Cumplía arresto domiciliario en una de sus propiedades en El Calafate. La orden de regresarlo a un penitenciario federal la dictó el juez Néstor Costabel, responsable de ejecutar la pena de la Ruta del Dinero K.
Días después, la Corte Suprema de Justicia confirmó la maniobra defraudatoria juzgada en el caso Vialidad. Hoy, Báez afronta quince años en el penal de Ezeiza, tras la unificación de la pena que ejecuta el TOF 4. El contexto no es menor: son dos decomisos a los que debe responder el empresario.
Los números son de escándalo: 60 millones de dólares en la causa por blanqueo de activos y 685.000 millones de pesos en la adjudicación irregular de obra pública vial. El recupero del producido del delito se afronta de manera solidaria entre todos los condenados, pero en ambos expedientes quien posee el mayor patrimonio es Báez. A 2016, según el Tribunal de Tasaciones, sus bienes valían 3.058.871.300 pesos, equivalentes entonces a 205.134.525 dólares. Ese valor fue otorgado a 440 bienes inmuebles y 972 rodados y máquinas viales que había adquirido, y que la justicia atribuyó a operaciones de blanqueo.
La Justicia certificó que el patrimonio del empresario se incrementó entre 2004 y 2015 en un 12.127 %, y el de Austral Construcciones un 45.313 %. Entre los más de 1.400 bienes hay terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Las propiedades están distribuidas en diez localidades de Santa Cruz, también en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de Capital Federal.
Pese a las resoluciones judiciales que van desde la ejecución de bienes, el pedido de decomiso, la inscripción de propiedades bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia, Báez evadió todos los controles y las medidas cautelares impuestas. La justicia federal de Río Gallegos contabilizó la explotación de unidades funcionales, galpones, locales comerciales donde funcionan laboratorios y un parque automotor que tenía órdenes de captura. En el nuevo expediente, la fiscalía sostiene que el objetivo era eludir los decomisos.
Fuentes judiciales explicaron que los bienes son controlados por los dos tribunales que ejecutan penas, pero que Báez tenía un circuito de alquileres desconocido. Por ese motivo, la fiscalía radicó la denuncia con una investigación que venía de tiempo. La pregunta que queda en el aire es simple: ¿cómo se sigue explotando una empresa desde la cárcel?
