La quiebra no cierra la historia de Algodonera Avellaneda: la Justicia puso en marcha un proceso competitivo para vender cinco unidades de la histórica empresa. El dato que pesa en el tablero no es solo el precio, sino el futuro de 161 puestos de trabajo. En una economía que se mide en salarios y en capacidad de producir, esta venta no es un trámite: es una encrucijada.
La adjudicación no dependerá únicamente del dinero ofrecido. También se evaluarán los proyectos productivos y la continuidad laboral. Ese detalle cambia el peso de la operación: no basta con sacar la oferta más alta, porque el comprador tiene que demostrar que la empresa puede seguir funcionando. Es una licitación con cara y nombre, donde el valor del activo se mide en unidades, en proyecto y, sobre todo, en personas.
Acá el número no es un adorno: 161 puestos son salarios, familias y una cadena de trabajo que no puede quedarse mirando. La continuidad laboral aparece como criterio central, y eso cambia el peso de la licitación. No es una venta de chatarra ni un remate frío: es una oportunidad para que la Justicia, los trabajadores y los potenciales compradores midan si la empresa puede volver a producir. Si el proyecto no convence, el dinero solo no alcanza.
La quiebra ya es un hecho, pero el destino de los activos todavía no. La Justicia habilitó la competencia para vender cinco unidades, y ese procedimiento deja abierta la posibilidad de que la empresa no se disuelva en un remate. En ese sentido, el proceso no es solo legal: es productivo, social y político. Quien gane no solo compra un activo: asume la responsabilidad de sostener el empleo que hoy sigue en pie.
El cierre no puede ser triunfalista: la quiebra golpeó, y la venta de los activos llega tarde para algunos, justo para otros. Lo que se juega ahora es si el proyecto productivo y la continuidad laboral pesan más que el precio de salida. Si la Justicia logra que el criterio laboral sea real, la operación puede salvar 161 puestos; si no, el número se convierte en una promesa rota.
La pregunta que queda en el aire es simple: ¿quién va a comprar las cinco unidades y con qué plan? No alcanza con un nombre grande ni con una oferta ruidosa. El comprador tiene que demostrar que puede producir, que puede pagar salarios y que puede sostener la empresa en el tiempo. Ahí se decide si la quiebra termina en cierre o en una nueva etapa.
