En Asunción, Paraguay, Pedro Alliana arrancó su primera jornada como presidente entre decretos, nombramientos y la sombra de una detención que todavía no termina de asentar. El ex vicepresidente, un político conservador de 52 años, juró el viernes para completar el mandato hasta 2028, mientras Santiago Peña era notificado de una orden de arresto tras caer en el Congreso.
El golpe institucional fue rápido: los senadores aprobaron con 44 votos la condena de Peña, destituido por su presunta vinculación con el colapso de Ueno Bank. El propio Peña había presentado su dimisión el jueves, después de perder el respaldo de su partido, y esa salida dejó a la política paraguaya en un punto de quiebre que todavía se siente en la calle.
La escena fue dura: mientras Alliana juraba, policías y fiscales entraron al domicilio de Peña en Asunción para comunicarle la orden de arresto, con un grupo de manifestantes protestando afuera. Después, el ex presidente fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial, y la Fiscalía adelantó que se presentará ante las autoridades el sábado. No es un trámite cualquiera: la tensión se nota en cada movimiento, y vos la podés ver en la escena de la detención.
En el Palacio de López, Alliana se movió con la urgencia de quien hereda un país con el banco central pagando a ahorristas y con el Congreso mirando de cerca. Entre las primeras decisiones figura la designación del ministro del Interior, una cartera que quedó vacante tras la renuncia de Enrique Riera, quien dejará el cargo para asumir como senador por la ANR la próxima semana.
Fuentes oficiales indicaron que un parlamentario aparece como posible titular de la cartera de seguridad. Además, Alliana deberá firmar decretos para confirmar o nombrar a otros ministros y autoridades, y entre los que podrían quedarse están Juan Carlos Baruja en Urbanismo, Rolando de Barros en Ambiente y el general retirado Óscar González en Defensa.
El fondo del problema no es solo político: el Banco Central del Paraguay ordenó el cierre de Ueno Bank el martes pasado, y dejó sin acceso a sus depósitos a cerca de tres millones de clientes. La crisis comprometió recursos públicos y jubilatorios, y empezó a trazar una línea directa entre la caída de una entidad financiera y la caída de un presidente.
La crisis se volvió institucional cuando Horacio Cartes, expresidente y titular de la ANR, anunció el jueves el respaldo de su sector al pedido de juicio político contra Peña, el mismo dirigente que lo impulsó en las elecciones de 2023. Ese giro pesó: no fue solo una ruptura partidaria, sino una señal de que el conflicto dejó de ser un problema bancario para convertirse en una pelea por el control del Estado.
El BCP ya inició el pago al segundo grupo de ahorristas con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos. En esta etapa pueden cobrar quienes tengan depósitos a la vista por montos superiores a G. 10.000.000 y de hasta G. 121.760.000, siempre que no tengan deudas con Ueno Bank y cuenten con una cuenta habilitada en otra entidad.
Los diputados que actúan como acusadores ya pidieron que el ex presidente sea declarado culpable. La acusación se apoya en el cierre de Ueno Bank, una decisión que terminó de convertir la crisis financiera en una dimensión institucional.
La oposición no piensa en pausa. El senador Ever Villalba exigió que la Justicia decida de inmediato la detención de Peña en el penal de Tacumbú y pidió el embargo preventivo de sus bienes para asegurar la devolución del dinero. La presión política se suma a la judicial, y el caso todavía no tiene cierre.
La imagen de un país que cambia de presidente en medio de una crisis bancaria todavía no terminó de ordenarse. En Paraguay, el próximo paso será ver si la Justicia endurece la posición contra Peña y si Alliana logra sostener un gabinete en una semana que ya dejó el poder reacomodado.
