La obra social provincial volvió a estar en el centro de la discusión, pero esta vez no con promesas: con medicamentos, reintegros y convenios con ópticas en el punto de mira. AGMER salió a plantear que la situación no mejora y que los afiliados no pueden pagar la cuenta de los conflictos administrativos.
El gremio recordó que días atrás mantuvo una reunión con el presidente de la OSER y allí plantearon la urgencia de resolver problemas vinculados con la entrega de medicamentos, especialmente los oncológicos y los de enfermedades crónicas. También apuntó a los reintegros y a la ampliación de convenios con ópticas, un tema que para los afiliados no es menor: si no hay acuerdo, el gasto termina cayendo sobre el bolsillo.
El detalle importa. No se trata solo de un trámite administrativo: hablamos de medicamentos oncológicos, de pacientes con enfermedades crónicas y de afiliados que dependen de la cobertura para no verse desbordados. Si la entrega se traba, el impacto no queda en un acta: se siente en la espera y en la dificultad para acceder a la prestación.
El tono del comunicado no fue tibio. AGMER sostuvo que la obra social «no está mejor» y cuestionó las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio, quien días atrás la había calificado como «la mejor obra social del mundo». «Lejos está de esa realidad. Se intenta mediáticamente tapar el sol con las manos y los únicos perjudicados con la situación somos quienes la transitamos a diario», expresaron.
La crítica apunta a un punto sensible: los afiliados aportan mes tras mes parte de su salario para tener cobertura cuando necesitan atención. Desde el sindicato afirmaron que las situaciones que habían advertido durante 2025 están ocurriendo actualmente y remarcaron que los usuarios no deben quedar como rehenes de los conflictos entre la obra social y los prestadores. «Ni asumir con sus propios recursos las consecuencias de la falta de acuerdos», señalaron.
La advertencia tiene una lectura política: cuando una obra social entra en tensión con los prestadores, el primero que sufre no es el directorio ni el funcionario, sino quien necesita la atención. AGMER marcó que es inaceptable que quienes realizan aportes mensuales vean vulnerado su derecho a la salud. ¿Quién paga cuando se traba la cobertura? Ahí está el nudo: la cobertura no puede depender de la voluntad de un acuerdo puntual, sino de una política pública que sostenga el derecho.
El pedido es claro: que el Gobierno provincial y la OSER no se queden en el plano de las declaraciones. El gremio reclamó que se garanticen de manera urgente la continuidad y la cobertura integral de las prestaciones. En un sistema de salud, cada demora tiene un rostro: el de quien espera el medicamento, el reintegro o la atención que debería llegar sin vueltas.
El reclamo final es directo: AGMER exigió al Gobierno provincial y a las autoridades de la OSER que asuman responsabilidades y arbitren de manera urgente los medios necesarios para garantizar la continuidad y la cobertura integral de las prestaciones. «La salud es un derecho y no puede quedar supeditada a disputas administrativas o financieras», concluyeron. Hasta ahora, no consta la respuesta de la obra social ni del gobernador.
