En Concordia, la discusión por la memoria y por la seguridad volvió a cruzarse en la agenda pública, y no de cualquier manera.
La Multisectorial de Derechos Humanos salió a respaldar el fallo de la Cámara de Apelaciones de Paraná y, al mismo tiempo, marcó su rechazo a que la Guardia Urbana municipal incorpore armamento.
El tribunal rechazó los recursos de cuatro exintegrantes del Ejército y sostuvo que los hechos imputados configuran delitos de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles.
Entre los hechos que la organización subraya están la asociación ilícita, los tormentos contra ciudadanos uruguayos en el marco del Plan Cóndor y el encubrimiento del homicidio de Jorge Papetti.
Para la Multisectorial, el fallo vuelve a poner en valor la señalización del Regimiento como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar.
El cartel, según el pronunciamiento, funciona como una marca del sitio de memoria que debe transmitir los hechos a las nuevas generaciones y ayudar a revelar la verdad sobre el genocidio.
Allí también aparece la bronca contra las declaraciones negacionistas que la organización atribuye al concejal Felipe Sastre, a quien señala por haber puesto en cuestión la verdad histórica sobre los crímenes de la dictadura.
El pronunciamiento no incluye la respuesta del concejal y, además, reprocha que esas manifestaciones no hayan sido cuestionadas por referentes del oficialismo.
No es un detalle menor: cuando se discute la verdad histórica, se discute también el tipo de ciudad que se quiere construir.
¿Puede una ciudad discutir el pasado sin poner en riesgo el presente?
La otra línea del comunicado apunta a la Guardia Urbana. La Multisectorial rechaza cualquier modificación normativa que habilite el uso coercitivo y represivo de armas letales o menos letales.
La organización considera que esa habilitación sería legalmente cuestionable y advierte que incluso las llamadas armas menos letales pueden poner en riesgo la vida o afectar funciones vitales de las personas.
El texto recuerda que la Guardia Urbana fue creada con fines de prevención, persuasión y auxilio de la autoridad policial provincial, y pide que el intendente y los concejales desalienten un perfil represivo.
En cambio, reclama que el gobierno local concentre los esfuerzos en políticas que garanticen los derechos humanos y sociales de todas las personas, en un contexto que la organización califica de crítico.
El cierre vuelve a la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, entendida como condición para construir una sociedad democrática y un futuro de paz y esperanza.
