La Justicia volvió a meter la mano en uno de los capítulos más espinosos de Concepción del Uruguay: la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la suspensión de las actuaciones vinculadas con la subasta de tierras de la sucesión Tavella, en la zona de Banco Pelay. El freno llega por inconsistencias entre la superficie que se ordenó rematar y los antecedentes registrales del predio, que habría sido loteado y parcialmente vendido décadas antes.
El expediente, caratulado «Briozzo Marta Cristina c/ Tavella de Rosende Fanny Stella s/ Apremio», avanzó hasta esta instancia después de que el juez de primera instancia de La Plata, Enrique A. Gorostegui, frenara el procedimiento para que las partes, el martillero y el comprador pudieran descargarse frente a las irregularidades detectadas. Ahí se abre el nudo: el remate se habría hecho tomando como referencia un plano original de más de 15 hectáreas, sin contemplar transferencias posteriores.
El dato que complica la historia es que, entre 1985 y 1992, se habrían concretado siete transferencias de dominio a favor de particulares y entidades, entre ellas la asociación APINTA. Según la reconstrucción del abogado y periodista Carlos Hartwig, esas operaciones redujeron la superficie remanente a aproximadamente 151.000 metros cuadrados. Es decir, se habría rematado formalmente una unidad dominial que ya no existía completa.
Hartwig sostiene que los edictos de convocatoria y el acta de subasta consignaron las dimensiones originales del terreno. De esa manera, afirma, se habrían incluido parcelas privadas ya vendidas, trazados de calles públicas, la Avenida Tavella y tierras usadas por la Municipalidad para el puente provisorio y luego el definitivo de acceso a Banco Pelay. El periodista sostiene que esos terrenos nunca fueron formalmente expropiados y que tampoco se habría acreditado una transferencia regular de derechos.
La denuncia no se queda en la superficie. Hartwig cuestiona la notificación de Fanny Stella Tavella de Rosende en un domicilio que califica de inexistente, pese a que el certificado de dominio incorporado a la causa indicaba residencia en La Plata. También señala que la venta de uno solo de los lotes habría bastado para cancelar la deuda fiscal, y que el procedimiento terminó habilitando la adquisición de una extensión mucho mayor que la necesaria, a un valor que considera irrisorio. En el relato, no consta una respuesta de los señalados.
Otro punto sensible es la actuación del abogado Jorge Luis Satto, quien según Hartwig habría intervenido como representante de la ausente y, al mismo tiempo, se desempeñaba como jefe del área jurídica de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. El reclamo apunta a que el Concejo Deliberante investigue su actuación y que el Colegio de Abogados analice la posibilidad de abrir un procedimiento de ética profesional. La cuestión es directa: ¿cómo se defendieron los accesos públicos y los derechos de terceros en un remate con esas inconsistencias?
El caso suma otra capa: la constitución de un fideicomiso vinculado con las tierras después de la subasta. Según Hartwig, esa figura habría comenzado a utilizarse para ofrecer lotes a la venta sin que estuviera definitivamente resuelta la titularidad ni se hubiera concretado la entrega de la posesión del inmueble. La advertencia es clara: si la subasta queda firme con errores registrales, el problema no se resuelve, se traslada. Y en un acceso a Banco Pelay, con calles, puente y parcelas de por medio, eso puede terminar costando caro a la comunidad.
