Mirá el dato: nueve personas deberán devolverle al Estado provincial más de $26 millones por haberes que el Gobierno considera indebidos. La cifra total, según los decretos, es $26.128.958,98, sin contar los intereses que se acumulen hasta el pago.
Las medidas salen de seis decretos —3260, 3261, 3262, 3266, 3270 y 3274— firmados por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Las normas aprueban liquidaciones administrativas de deudas que el Estado provincial atribuye a la percepción indebida de haberes.
El mayor reclamo apunta a Dante Mario Alberto Grandolio, con $12.958.499,65 más intereses. La deuda, según el Decreto 3262, fue actualizada hasta el 30 de junio de 2026 y seguirá generando intereses hasta el pago efectivo. Es el monto que más pesa en el total y el que marca la escala del recupero.
En segundo lugar aparece Eleana Clarisa Zambrano, con $7.613.581,98. El Decreto 3266 también acepta su renuncia al cargo de profesional asistente con funciones de guardia en el Hospital San Miguel de San Salvador, con efecto desde el 8 de enero de 2026. Ahí se mezcla el recupero económico con una salida del cargo, aunque la norma no detalla si una cosa depende de la otra.
También figuran Germán Ariel Ifran, con $5.288.644,81; María Lia Taibi, Silvia Matilde Maidana, Stefanía Recagno, Jesús Mauro Reynoso, José Omar Toledo y Exequiel Batista, con montos que van de $34.251,47 a $65.925,89. En todos los casos, las sumas deben devolverse con los intereses que correspondan.
En el caso de María Lia Taibi, el Decreto 3260 acepta su renuncia al cargo de profesional asistente del Centro de Atención Primaria en Salud Mental “Mercedes Di Giusto”, de Paraná, desde el 17 de julio de 2025. La norma no precisa si esa renuncia está vinculada con el monto que se le reclama, y ese silencio pesa en una lectura cuidadosa.
El total de los seis decretos alcanza $26.128.958,98, sin contar intereses. Las personas intimadas tienen 30 días corridos desde la notificación para depositar o transferir a una cuenta del Nuevo Banco de Entre Ríos y acreditarlo ante el Ministerio de Salud. El trámite no es opcional: si no hay pago, el Estado avanza.
En el caso de Grandolio, los intereses se calculan según la tasa activa del Banco Nación. Ese detalle importa: no es un monto estático, sino una deuda que crece mientras no se paga. El Estado provincial, de esa manera, no solo reclama el principal, sino también el costo del tiempo.
Dos de los casos incluyen renuncias aceptadas: Zambrano en San Salvador y Taibi en Paraná. Eso le da una capa adicional al tema, porque el recupero económico se cruza con salidas de cargos en el sistema de salud.
Hasta acá, el texto habla de liquidaciones administrativas: el Estado provincial intimó a devolver sumas que considera indebidamente percibidas. Si no hay pago dentro del plazo, prevé dar intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar acciones legales por las sumas reclamadas, los intereses y los gastos que correspondan.
La medida queda en pie: nueve personas, seis decretos, un plazo de 30 días y un total que supera los $26 millones.
