El Concejo Deliberante de Paraná le puso forma a un tema que la propia ordenanza describe como histórico: las obras privadas que crecieron sin la presentación municipal correspondiente. Aprobó el Programa Integral de Regularización, conocido como PIR, para ordenar construcciones que no tienen plan, que tienen ampliaciones no declaradas o que difieren de los planos ya aprobados.
La ventana es concreta: 150 días corridos, contados desde la entrada en vigencia de la reglamentación, para solicitar el acogimiento. El Ejecutivo municipal podrá prorrogar el plazo si entiende que hay razones de interés público. Para el vecino que arrastra papeles incompletos, la clave está en no dejar pasar el tiempo: el trámite se hace por Mi Paraná.
El dato que más cala es el beneficio económico: la ordenanza dispone una condonación total de las tasas alcanzadas. Eso abarca los derechos por niveles, líneas, urbanizaciones y loteos, el derecho de edificación y el Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y el Turismo. No es un detalle menor: regularizar, en este caso, no debería doler en el bolsillo.
El texto municipal no esconde el problema: el crecimiento urbano de los últimos años dejó edificaciones en todas sus escalas ejecutadas sin la debida tramitación. Puede ser por falta de presentación de planos completos o por ampliaciones no declaradas hechas después de la aprobación original. La ordenanza lo plantea como una dificultad para la registración catastral, el control normativo y la planificación urbanística.
“Esta situación genera diversas dificultades para la gestión municipal, particularmente en lo referido a la correcta registración catastral de los inmuebles, el control del cumplimiento de las normativas vigentes y la planificación del desarrollo urbanístico de la ciudad”, plantea la ordenanza. En ese marco, considera “imperativo tomar acciones que aborden estructuralmente” el fenómeno que describe como evasión en el cumplimiento de las normativas en materia de construcción.
La idea no es solo regularizar: es actualizar el mapa catastral y tributario de la ciudad. Según la ordenanza, el programa permitirá una determinación más precisa de los tributos vinculados a los inmuebles y promovería una mayor equidad en la carga fiscal. En términos simples: si la obra existe, que quede registrada; si el inmueble valora, que el sistema lo vea.
La operación estará coordinada entre la Subsecretaría de Obras Privadas, dependiente de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, y la Administración Fiscal Municipal. La primera se encarga de la evaluación técnica y la carga de mejoras; la segunda, de la gestión de las obligaciones tributarias. Todo el proceso se instrumentará mediante el Trámite Digital de Obra en la plataforma oficial Mi Paraná.
Para el vecino, el mensaje es claro: si tenés una construcción sin presentar, una ampliación no declarada o una diferencia con el plano aprobado, este régimen abre una puerta. No es una solución mágica: exige documentación técnica y la intervención de profesionales habilitados. Pero sí ordena un problema que, según el texto aprobado, venía complicando la gestión municipal y la planificación urbana de Paraná.
