El proyecto de biocombustibles ya tiene media sanción del Senado y puso en alerta a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. La institución respaldó a las plantas productoras de biodiésel que operan en la provincia y advirtió sobre el impacto que puede tener el texto en la continuidad de las industrias regionales.
La BolsaCER analizó la propuesta y consultó a las empresas elaboradoras radicadas en Entre Ríos. Compartió los objetivos de incrementar el corte de biodiésel, ampliar la demanda de aceite de soja y promover mecanismos de competencia que reemplacen los cupos y precios fijados por el Estado. Pero consideró que el diseño aprobado no garantiza condiciones equitativas para las empresas regionales y podría reducir su participación en el mercado.
El dato fuerte está acá en el artículo 38 del proyecto. Según el análisis de la BolsaCER, el cronograma bajaría la participación de las empresas no integradas del 7,5% actual al 4% en 2031, mientras el segmento de libre negociación alcanzaría el 6%. En volumen, el segmento de las pymes pasaría de 902.700 a 481.440 toneladas anuales, una merma del 47%.
A esa cuenta se le suma la desventaja logística que enfrentan las plantas del interior. Las instalaciones entrerrianas están a 124 y 178 kilómetros del puerto de Rosario, lo que encarece el abastecimiento de materia prima frente a las empresas ubicadas en el polo aceitero. Para la BolsaCER, la competencia debe impulsar la eficiencia y la inversión, pero también mirar las condiciones territoriales en las que operan.
El riesgo no es menor: si el marco regulatorio no pondera esas distancias, la mayor demanda que genere el incremento del corte podría terminar beneficiando sobre todo a las grandes aceiteras integradas, en detrimento de las industrias regionales. Las plantas de biodiésel cumplen un papel estratégico en las economías locales: generan empleo, demandan soja a productores de la zona y dinamizan la actividad de las extrusoras, el transporte, la logística y los servicios asociados.
La institución también advirtió que el debilitamiento de estas industrias no solo afectaría el empleo y la actividad económica local, sino también las posibilidades de desarrollar nuevas oportunidades vinculadas con los combustibles sostenibles de aviación y los combustibles marítimos. Por eso pidió que el nuevo marco regulatorio brinde previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones realizadas bajo la legislación vigente.
Frente a ese escenario, la BolsaCER acompañó la propuesta de las pymes regionales: elevar el corte de biodiésel al 12,5% y armar un esquema de participación con un 5% para plantas regionales ubicadas a más de 80 kilómetros del puerto, un 2,5% para empresas no integradas del polo aceitero y un 5% para el segmento de libre mercado. La idea incluye licitaciones competitivas en los tres segmentos, para promover la competencia y eliminar cupos y precios fijados por el Estado sin reducir la participación actual de las plantas regionales.
La propuesta busca ampliar la demanda de biodiésel, incorporar a las grandes empresas aceiteras al mercado interno y preservar las capacidades industriales que generan empleo y valor agregado en el interior productivo. Para la BolsaCER, la actualización del marco regulatorio debe ser una oportunidad para toda la cadena agroindustrial, con reglas que impulsen la competencia, promuevan nuevas inversiones y fortalezcan la producción regional.
