Los números no cierran: en el Senado, la cuenta que promete Diego Santilli todavía no llega a los 37 votos que necesita el Gobierno para eliminar las PASO.
Mientras la Casa Rosada habla de un pronto tratamiento, operadores del oficialismo admiten que Diego Santilli cerró pocos acuerdos concretos y acumula promesas de gobernadores que, en privado, muestran reticencias.
Un operador del oficialismo lo resumió con dureza: esas versiones son más expresiones de deseos que realidades. La frase caló porque describe el estado de la negociación: hay expectativa, pero no actas firmadas. ¿Te parece que alcanza?
La anécdota que circula en el bloque oficialista es demoledora: cuando Santilli aseguró que tenía los votos, le pidieron contar solo los apoyos garantizados y, al final, la cifra quedó en 31 senadores.
Para una reforma electoral, la Constitución exige la mitad más uno de cada cámara; en el Senado, el tablero marca 37 votos afirmativos. Ese número no aparece todavía en la mesa de arena de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista.
La base más firme parece ser el bloque del Gobierno, con 21 senadores, más los apoyos de Julieta Corroza, de Neuquén, y de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.
El resto de la cuenta se mete en una niebla política: en el Gobierno cuentan siete senadores de la UCR, pero varios de esos nombres no responden automáticamente al gobernador santafecino ni a los acuerdos que se negocian en la mesa política.
Entre esos nombres figuran los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, la chaqueña Silvina Schneider, y los santafecinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto. El problema no es solo la cantidad, sino la lealtad: tener buen vínculo no equivale a tener el voto asegurado.
Otra lectura interna es más incómoda: los gobernadores saben que el Gobierno tiene fama de mal pagador. Por eso, antes de entregar el voto, muchos quieren ver primero el pago, aunque en algunos casos el precio pedido parece inalcanzable.
También aparece un pedido casi imposible: un cacique de una provincia norteña quiere que la Corte Suprema le habilite una nueva reelección, un camino que hoy tiene vedado. Ese tipo de exigencias complica la solidez de los compromisos que se le atribuyen al jefe de Gabinete.
El dilema es de huevo y gallina: los gobernadores piden garantías de que no les van a competir en sus provincias, y el Gobierno pide primero el voto. Por eso, mientras no se firme el trato, los números siguen jugando a las escondidas.
La reforma electoral queda, entonces, en una zona de espera: sin mayoría visible, sin acuerdos cerrados y con un calendario que el oficialismo presume cercano, incluso para mediados de noviembre, pero que todavía no se concreta en el Senado.
