El Gobierno se metió en un laberinto: el Senado cambió una pieza clave de la reforma del Banco Central y ahora el oficialismo busca cómo salir sin perder la batalla. La Cámara de Diputados volvió a tener el proyecto, pero ya no tiene la fuerza para devolver la versión original que salió de la Casa Rosada.
Fuentes parlamentarias anticiparon que la intención del oficialismo es arrancar con el tratamiento en comisión después de sacar despacho de la ley de Defensa de Soberanía, también llamada ley Malvinas. La Libertad Avanza pretende dictaminar el martes y llevarlo al recinto un día después, mientras el cronograma del Central todavía no se define.
El eje de la pelea no es menor: el cambio acordado en el Senado modifica el proceso para remover al presidente y a los directores del Banco Central. La versión original exigía los dos tercios de ambas cámaras para echar a las autoridades, un umbral altísimo que el oficialismo quiere recuperar aunque no le sobren votos.
En el Senado, Patricia Bullrich acordó bajar la exigencia de los dos tercios para conseguir apoyos. En su lugar, se resolvió que la remoción se decida con la mayoría absoluta del Senado. La sesión de septiembre aprobó la modificación, con una votación en particular del artículo 3 que arrojó 66 votos a favor y 2 en contra.
La Cámara alta también blindó su posición: bloqueó el intento de insistir con la versión original aprobada por Diputados, porque para eso se necesitarían los dos tercios. Ese número parece imposible de conseguir, sobre todo después de que en agosto la iniciativa cosechó 144 votos a favor y 102 en contra. Si vos mirás el tablero, el Senado quiso asegurarse la potestad de elegir y remover a las autoridades del Banco Central.
Aun así, fuentes del oficialismo aseguran que el Gobierno mantiene la intención de que ambas cámaras puedan intervenir en la remoción. Para captar respaldo, bajarían los dos tercios y exigirían la mayoría absoluta de Diputados y del Senado para expulsar a los funcionarios. Pero la Cámara baja, al ser revisora, solo podrá aprobar la versión del Senado o insistir con la original.
Acá puede intervenir el Ejecutivo. el presidente Javier Milei tiene tres opciones: promulgar el texto tal como salió del Congreso, rechazarlo o aplicar un veto parcial al artículo que establece el mecanismo de remoción. Si elige el veto parcial, el Gobierno podrá mandar un nuevo proyecto o establecer la modificación por DNU.
En ese último caso, el Presidente necesitaría el respaldo del parlamento, que deberá validar el decreto con la aprobación de una de las dos cámaras. El debate por la Carta Orgánica del Banco Central seguirá abierto, con el oficialismo buscando una salida y el Senado defendiendo su poder de fuego sobre la autoridad monetaria.
