En Puerto Yeruá, el Concejo Deliberante se volvió una escena de bronca por una camioneta municipal que, según la concejal Claudia Kinderknegt, se usó para cosas particulares. Si se te hace raro, hay más: la edil dijo que la vio fuera del horario laboral y pidió que el vehículo quede en el corralón cuando termina la jornada, salvo necesidad de servicio justificada.
El disparador no fue un chisme de pasillo: apareció en la Sesión Ordinaria N.º 14, al tratar el Decreto N.º 186/2026, fechado el 24 de septiembre. Ese decreto modifica partidas del presupuesto municipal y contempla la reparación de los frenos de una Chevrolet S10 doble cabina, dominio AC080EI.
“Los vehículos municipales no son autos particulares de los funcionarios”, sostuvo Kinderknegt. La frase pesa porque no se trata de un supuesto: la concejal afirmó haber observado personalmente el uso de la camioneta para cuestiones particulares.
“El Municipio no es una agencia de alquiler de vehículos gratis, y mucho menos con combustible y mantenimiento pagados por los vecinos con sus impuestos”, expresó. Por eso reclamó que quienes usen bienes públicos para fines ajenos al servicio se hagan cargo de los gastos correspondientes, y no el pueblo de Puerto Yeruá.
El decreto, además, justifica la transferencia de partidas por la insuficiencia presupuestaria del ejercicio 2026. También menciona un pedido del CMAPS para reparar una silla de ruedas con desgaste, y asegura que la modificación mantiene el equilibrio sin recurrir al financiamiento.
Según el extracto, la maniobra presupuestaria contempla $200.000 de la cuenta de librería e imprenta y $1.100.000 de la cuenta de reparaciones. Ahí está el nudo: si el vehículo se usa para lo personal, ¿quién debe pagar el combustible, el mantenimiento y la reparación?
La bronca de la concejal no es menor: plantea que los bienes municipales son del pueblo, no de quienes gobiernan. En un Concejo Deliberante, cada peso de librería, cada reparación y cada vehículo pesan distinto cuando se mezclan con la vida pública; y vos lo ves de cerca.
El planteo quedó en el Concejo, sin que conste una respuesta oficial en el relato de la sesión. Lo que se discute no es solo una camioneta, sino la línea fina entre usar un bien público para el servicio y convertirlo en un beneficio personal.
La discusión también toca un punto sensible: en un municipio, la transparencia no es un lujo, sino la forma de evitar que el presupuesto se convierta en una caja chica. Si se usa un vehículo oficial para lo personal, el daño no es solo el combustible: es la confianza de los vecinos.
