El dato fuerte no es solo el número: 8,67 billones de pesos para el Presupuesto 2027 de Entre Ríos. El Gobierno lo presentó ante la Cámara de Diputados para su tratamiento y ante la Cámara de Senadores para conocimiento. Es una cifra que obliga a mirar hacia dónde va cada peso.
La presentación tiene un eje claro: consolidar el equilibrio financiero, ratificar las reglas de responsabilidad fiscal y fortalecer la capacidad del Estado para planificar. El ministro Fabián Boleas, titular de la cartera económica, lo resumió con una frase que suena a oficio: el equilibrio nunca fue un fin en sí mismo, sino una herramienta para hacer más.
Boleas fue más allá y tocó el punto sensible: la provincia llegó con un Estado que, según su relato, existía para sostenerse a sí mismo. Por eso, dijo, se impuso la austeridad, se revisaron gastos y se eliminaron privilegios. El ejemplo que puso fue la Caja de Jubilaciones, una herencia estructural que llevaba décadas pateándose hacia adelante.
Acá hay un dato que conviene subrayar: la reforma de la Caja no apunta a modificar los haberes actuales. El propio funcionario aclaró que la administración actual no verá el impacto directo, pero que la medida frenará el ritmo del déficit y buscará garantizar la sustentabilidad a futuro. Es una apuesta larga, de disciplina, no de promesa de corto plazo.
El otro frente es el crédito. En febrero, en un contexto adverso, solo cuatro provincias argentinas pudieron acceder a financiamiento internacional. Entre Ríos fue una de ellas y concretó una emisión por 300 millones de dólares. El objetivo, según el Ejecutivo, fue hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos, planificar mejor el uso de los recursos y evitar que la deuda vuelva a condicionar las decisiones.
Boleas fue preciso en otro punto: la emisión no incrementó la deuda neta de la provincia. Los fondos se destinaron a cancelar pasivos heredados y a financiar un fondo de reserva para cubrir vencimientos futuros. Ese detalle cambia la lectura: no es un salto al crédito, sino una reordenación del calendario de pagos.
La clave está en el giro del gasto. El presupuesto total crece 23,8 por ciento, el gasto corriente sube 19,6 por ciento y la inversión de capital se dispara 77,3 por ciento, más de tres veces por encima del presupuesto general. Es decir, el Estado no solo gasta más: cambia la mezcla. Las partidas de educación, salud, desarrollo humano, seguridad, infraestructura vial y fomento productivo pasan de 53,3 a 57,3 por ciento del total.
En el desglose, las rutas y caminos concentran más de la mitad de la inversión de capital, con una suba del 78,8 por ciento frente a 2026. Educación y cultura suben 82 por ciento; salud y seguridad, más del doble; vivienda y urbanización, 83 por ciento; saneamiento ambiental, 90 por ciento. El mensaje es directo: el peso se mueve hacia obra, salud y producción.
El proyecto ahora queda en tratamiento en la Cámara de Diputados y en conocimiento en la Cámara de Senadores. Para el Gobierno, la discusión no es solo contable: es sobre qué Estado se quiere. Si se aprueba, el Presupuesto 2027 deja una huella clara: menos gasto corriente y más inversión, con la idea de que cada peso vaya donde tiene que ir.
