El dictamen de Pleé cierra la puerta a la causa por el préstamo con el FMI y deja en el centro de la escena a los imputados. La deuda tomada en 2018 fue la más alta de la historia del organismo de crédito.
Desde lo formal, el eje de Pleé es que la toma de deuda con el organismo de crédito es una cuestión política no judiciable. En su dictamen dice que “no se ha infringido norma penal alguna” y que no corresponde continuar con el trámite. Esa postura choca de frente con la del fiscal Franco Picardi, que llevó adelante la investigación, y con el fiscal ante la Cámara Federal que había sostenido la apelación.
La investigación señala como principales beneficiados a miembros del gobierno de Javier Milei que estaban imputados: Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili. Los dos primeros tuvieron papeles claves como expresidentes del BCRA.
A ellos se suman el expresidente Mauricio Macri y el extitular de Hacienda Nicolás Dujovne, entre los que tenían cargos más altos.
La Sala IV de la Cámara Federal, con Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, tiene que firmar la resolución final. A menos que considere el reclamo de algún ciudadano que intentó presentarse como querellante, el destino es el fin de la investigación.
El dictamen también defiende a los jueces que, según la acusación, procuraron impunidad en la causa. La investigación los describe como afines a Macri y hoy en sintonía con Javier Milei. Pleé es un influyente e histórico fiscal de Comodoro Py.
Forma parte de la lista de jueces y fiscales que visitaban a Macri en la Quinta de Olivos durante su presidencia. Allí coincidió con el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, el 23 de marzo de 2018. Ese antecedente te deja con la pregunta que circula en el caso: ¿quién defiende a quién?
También tuvo un papel clave para reabrir la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum con Irán. En el caso Cuadernos intentó dar respaldo al accionar cuestionado del fiscal Carlos Stornelli. Por ejemplo, frenó una medida de Casación que reclamaba las grabaciones de las filmaciones de los arrepentidos, que no existieron, contra lo que exige la ley.
También apostó a mantener abierta la causa conocida como “dólar futuro”, que llevó a la Corte Suprema, donde no tuvo éxito. El alto tribunal la cerró por tratarse de una herramienta financiera que un gobierno puede decidir utilizar como parte de su política económica. Ahora quiso aplicar ese enfoque al expediente sobre el acuerdo con el FMI.
En el dictamen dice que los hechos no identificados con una hipótesis delictiva se refieren a la elección de un modelo de régimen macroeconómico. La causa instruida por Picardi tuvo dos núcleos: el modo en que se tomó la deuda y sus características, y el destino de los fondos. La acusación se basaba además en informes demoledores de la AGN y la SIGEN. Vos te preguntás: ¿dónde quedaron?
La SIGEN cuantificó el perjuicio al Estado por lo menos en 29.618 millones de dólares. Pleé elude referirse a ese análisis y, en relación al informe de la AGN, solo repara en que tenía opiniones diversas de sus integrantes. No dice que en sus conclusiones el estudio es contundente.
Uno de los datos que había señalado la AGN era que la deuda con el FMI se contrajo sin un expediente previo que respaldara la operación. En cambio, se armó la documentación con posterioridad para “emular un procedimiento administrativo que en verdad se encontraba por fuera de los márgenes legales”. El acuerdo fue aprobado el 20 de junio de 2018 y el expediente del Ministerio de Hacienda se inició un día después, según planteó Picardi en función del análisis de la AGN.
