La causa Andis volvió a dar un golpe en la mesa a nivel nacional: el juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo y otros acusados por un presunto esquema de sobreprecios en la compra de insumos.
No podés leerlo como un simple trámite. La medida alcanza también a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, señalados como supuestos jefes de una asociación ilícita que habría cooptado la agencia.
El número salta a la vista: las diferencias detectadas en insumos superan los $1.849.277.963, y al sumarse el relevamiento previo de medicamentos la afectación estimada llega a $7.833.872.357,24. El propio texto judicial aclara que esa cifra es provisional y que la auditoría no cubrió todas las operaciones.
El presunto esquema no se limitó a medicamentos. También abarcó prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y materiales de traumatología, cardiología y neurología comprados por el programa Incluir Salud.
La imputación describe una maniobra clara: simular competencia entre oferentes, direccionar adjudicaciones hacia empresas elegidas de antemano y, a cambio, obtener retornos para funcionarios. Según la resolución, esa organización habría operado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Este nuevo paso se suma a una causa que ya venía cargada. En febrero pasado, el juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por cohecho activo, asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo. Hoy, Lijo ratificó a los supuestos jefes y amplió los embargos.
En el caso de Calvete, la acusación incluye además el delito de lavado de activos. La medida también procesó a un grupo de empresarios vinculados a los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
El trabajo judicial se apoya en planillas y auditorías. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas ya había examinado once productos y calculado diferencias por $5.984.594.394,24. Ese número, sumado a los insumos, explica por qué la cifra total se vuelve impensable.
El expediente también incorporó informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Ese material comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% que el texto judicial califica de técnicamente indefendibles.
Lo que hay, por ahora, es una imputación, no una condena. La resolución amplía la acusación, fija la gravedad del presunto daño y deja en claro que la etapa sigue abierta. En esta medida no aparece la palabra de los procesados; su defensa tendrá lugar dentro de la causa.
Acá la lectura es directa: cuando el Estado compra prótesis, sillas de ruedas y medicamentos, no está comprando papeles, está comprando salud. Si el sobreprecio se vuelve regla, el golpe no lo recibe solo la caja pública, lo reciben los pacientes que esperan un insumo. La causa Andis sigue mostrando que el escándalo no es solo político: también es social.
