El debate por la reforma del Código Procesal Laboral arrancó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, con la exposición de abogados y contadores. La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y apunta a modificar la Ley Provincial Nº 5.315 y sus modificatorias.
La Comisión de Asuntos Constitucionales comenzó el análisis del proyecto, que también fue girado a la Comisión de Trabajo. En la reunión participaron el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel, y el director del Instituto de Derecho del Trabajo, José Ruiz.
También estuvieron representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos: Edgardo Oneto, José María González y Mariela Gras. Participaron como referentes del consejo profesional.
Asistió la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Cámara, María Alejandra Viola. Por el Poder Ejecutivo participaron Matías Plugoboy, coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Secretaría General de la Gobernación, y Jorge Yuri, coordinador Legal y Administrativo del mismo organismo.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, no pudo asistir por motivos de agenda. Su ausencia no frenó el inicio del análisis de la reforma procesal laboral.
La propuesta busca fortalecer las garantías del debido proceso y adecuar el sistema de pericias médicas a la legislación nacional en causas por riesgos del trabajo. El punto más sensible: eliminar la exigencia de depositar el capital de condena o garantizarlo con bienes para que el empleador acceda a la apelación.
Con ese cambio, la admisibilidad de la revisión dependería de requisitos procesales objetivos, sin barreras patrimoniales para llegar a una instancia superior. ¿Y vos qué pensás cuando la apelación dejaría de depender del bolsillo de quien la interpone?
Otro eje del proyecto es la creación de tres cargos para conformar un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos en el Poder Judicial. Según la propuesta, los integrantes accederían mediante un concurso público de oposición y antecedentes y percibirían una remuneración fija.
El esquema apunta a garantizar la independencia profesional, la aplicación obligatoria de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y una mayor rigurosidad técnica en los dictámenes. También se propone eximir al Estado provincial y a sus organismos del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales.
El recorrido del proyecto recién comienza. Ahora resta ver cómo se ordenan los cambios en la comisión, qué peso tienen los colegios profesionales y si la reforma llega a votación con el mismo texto que se puso sobre la mesa.
