La plaza 25 de Mayo se llenó de banderas, reclamos y una sola consigna: que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. En Concordia, la marcha reunió a universidades, gremios, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y vecinos en defensa de la educación pública.
La jornada no fue un hecho aislado: el país también salió a la calle en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y Misiones, mientras en Entre Ríos se movilizaban Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. En Concordia, la columna sumó a la Universidad Tecnológica Nacional, FAGDUT, UNER, UADER, el Profesorado de Ciencias Sociales y AGMER Concordia.
La marcha no fue solo universitaria: también caminaron vecinos del barrio Las Tejas, que reclaman contra la contaminación atribuida a la fábrica Egger, Brote Nativo, la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, Patria Grande y el MTE Concordia. La presencia social le dio a la jornada un tono de reclamo amplio, más allá del aula y del presupuesto.
En el plano político, aparecieron banderas del Partido Obrero, la Unión de Juventudes Socialistas, el Colectivo de Trabajadores de la Educación y gremios de la CGT, entre ellos UOCRA, Alimentación, CEC, UTHGRA y Luz y Fuerza. La columna cerró con ATE Concordia, mientras dirigentes del Frente Grande, entre ellos Néstor Loggio, y referentes del PJ, como Marcelo Cresto, acompañaban la movilización.
También estuvieron la concejal del PJ Claudia Villalba, el concejal del PJ Jorge Mendieta, ex concejales como Cristina Guitar, Jorge Ferrera y Mariano Giampaolo, referentes sociales como Ramón Cabrera, militantes históricos como Luis «Lucho» Román y de los Movimientos de DDHH como Eduardo «Chiche» Maschio. La mezcla de autoridades, militantes y vecinos marcó un reclamo que no se agota en la universidad, pero la tiene en el centro.
El acto central fue en la plaza 25 de Mayo, frente al gazebo, donde se leyó un documento único que pidió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Encabezaron el acto Fabián Andrés Avid, decano de UTN Concordia; Daniel Luis Capodoglio, decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de UNER; Javier Coulleri, decano de la Facultad de Ciencias de la Administración de UNER; y Bernardita Zalisñak, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER. También participaron representantes de los gremios universitarios, como FAGDUT, con Fabián Adente, y Julio Razzetto.
El documento acusó al gobierno nacional de incumplir la ley y de poner en riesgo el sistema republicano. Afirmó que el Poder Judicial y el Legislativo les dieron la razón a la comunidad universitaria al declarar inconstitucional la pretensión de anular la norma y establecer una medida cautelar que exige cumplir los artículos 5° sobre salarios y 6° sobre becas.
También exigió la derogación del DBU 70/23, que, según el documento, anula leyes del Congreso y declara otras sin el debate necesario. El reclamo, presentado como urgente, volvió a poner el financiamiento universitario en el centro del debate público.
La marcha se volvió un termómetro de la bronca por el incumplimiento. Para la comunidad universitaria, el presupuesto no es un número abstracto: es salario docente y beca para el estudiante.
El recorrido dejó otra señal: la universidad no camina sola. La acompañan gremios, vecinos, organizaciones sociales y sectores políticos que entienden que la educación pública es una política de Estado, no un gasto que se ajusta cuando conviene.
La movilización de Concordia se sumó a las marchas del país y dejó sobre la mesa un reclamo que ahora deberá seguir transitando en el debate político, judicial y educativo.
