El Presupuesto 2027 vuelve a poner sobre la mesa el financiamiento de las universidades nacionales y el salario de quienes sostienen la educación pública. En este debate, se ve una presión fuerte: universidades, gremios y legisladores acordaron exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
El acuerdo se construyó en una reunión multisectorial, en la antesala de la Quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre. Los participantes también decidieron mantenerse en alerta frente a la próxima sesión especial de la Cámara de Diputados y reclamaron recuperar la inversión en el sistema educativo nacional.
El planteo no es solo salarial: incluye fondos para sostener becas, cubrir gastos de funcionamiento y garantizar recursos para los hospitales universitarios. También piden revertir las pérdidas presupuestarias que, según señalaron, afectan al sistema científico y a las instituciones de educación superior.
La diputada nacional Blanca Osuna advirtió que el incumplimiento de las leyes vigentes profundiza una situación de emergencia educativa que afecta al sistema nacional y a las provincias. Remarcó que garantizar el derecho a la educación es una responsabilidad indelegable del Estado, establecida en la Constitución Nacional.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, planteó que el Presupuesto 2027 debe contemplar la aplicación integral de la ley de financiamiento. El rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, advirtió que los salarios universitarios se encuentran entre los más bajos de América Latina por tercer año consecutivo.
La situación salarial también fue central en los gremios. Clara Chevallier, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), sostuvo que uno de cada diez trabajadores universitarios renunció porque sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos. Sonia Alesso, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), vinculó el deterioro de los ingresos docentes con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mientras que Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), reclamó incorporar las leyes aprobadas al Presupuesto 2027.
Los reclamos no se limitan a los sueldos. La vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires denunció el desfinanciamiento de los programas de educación universitaria en contextos de encierro y advirtió que la interrupción de esas políticas limita el acceso de las personas privadas de su libertad a la educación superior.
Las organizaciones estudiantiles reclamaron mayores partidas para comedores y becas. También denunciaron situaciones de persecución a estudiantes y hechos de violencia durante su ingreso a la Secretaría de Educación de la Nación, en Buenos Aires, además de cuestionar el deterioro de las universidades públicas.
La presión llega en el medio de la discusión del Presupuesto nacional para el próximo año. El reclamo busca que la universidad pública no quede al margen de la discusión fiscal y que los recursos lleguen a salarios, becas, funcionamiento y hospitales universitarios.
