En Colombia, el Presupuesto General de la Nación para 2027 pasó a segundo debate con el monto global intacto: $634,9 billones. La novedad no está en el total, sino en cómo se mueve el dinero: menos para el servicio de la deuda y más espacio para inversión, funcionamiento y prioridades que el Estado no puede dejar afuera.
El principal ajuste recorta el servicio de la deuda pública de $152,4 billones a $144,1 billones, una baja de $8,36 billones frente al primer debate. En números fríos, equivale al 5,5%, pero en política presupuestaria es un mensaje claro: el Estado colombiano busca liberar caja para otras cuentas.
El coordinador ponente, Christian Garcés, senador por el Centro Democrático, fue directo: “los gastos de funcionamiento y el endeudamiento heredado asfixian la inversión. Sin embargo, un buen reperfilamiento de la deuda y un programa de austeridad permitirán liberar mayores recursos”. También pidió que el Gobierno presente un plan para reducir gastos ante las comisiones económicas.
En la Cámara de Representantes, Alexander Bermúdez, presidente de la Comisión Cuarta, pidió al Departamento Nacional de Planeación revisar la distribución territorial antes de que las plenarias voten. La presión llegó tras inquietudes de los representantes Yamit Noé Hurtado, Carlos Pantoja y María Janeth Sabogal, que reclamaron por las asignaciones de sus departamentos.
El presupuesto arrancó con $393,6 billones para funcionamiento, $152,4 billones para deuda y $88,9 billones para inversión. La ponencia no cambia el pastel, pero sí la receta: traslada recursos desde la deuda hacia inversión y funcionamiento, con cambios en subsidios, entidades de control, seguridad, justicia y programas regionales.
Un dato que pesa: se deja una bolsa de $3,9 billones en el Ministerio de Hacienda para atender el terremoto, otros desastres y prioridades adicionales. El Pacto Histórico había cuestionado en el primer debate la falta de una asignación explícita para reconstruir las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026. El texto definitivo deberá precisar cómo se reflejan esos recursos en las apropiaciones.
La presión de calendario también aprieta: las plenarias del Senado y la Cámara deben aprobar el proyecto antes del 20 de octubre. Si el Congreso no completa el trámite a tiempo, el Gobierno podrá expedir el presupuesto mediante decreto. Además, la ponencia sostiene que se mantendrán los recursos necesarios para que la Jurisdicción Especial para la Paz cumpla sus funciones.
Quedan puntos sin definición, y ahí se juega la disputa final: si el ajuste se convierte en un recorte real o en una reasignación que alivie el gasto. El Congreso tiene la palabra, pero el reloj ya corre para vos y para el país.
